La CGT judicializa la reforma laboral del gobierno de Javier Milei
La resolución del caso podría convertirse, así, en un nuevo precedente en la creciente disputa institucional entre el gobierno libertario y las organizaciones gremiales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un recurso de amparo contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que fue promulgada este viernes en el Boletín Oficial.
Con esta decisión, la principal central sindical del país trasladó al terreno judicial un conflicto que ya venía escalando en el plano político y sindical, y que ahora podría derivar en un nuevo capítulo de tensión institucional entre el Ejecutivo y los gremios.
La presentación fue realizada ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal y, tras el sorteo correspondiente, el expediente quedó radicado en el juzgado N.º 7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico. El magistrado ya había intervenido previamente en otro conflicto entre el sindicalismo y el gobierno nacional, cuando frenó la aplicación de aspectos del decreto de desregulación dictado por la administración libertaria a comienzos de 2024, lo que agrega un elemento de expectativa sobre el posible curso del nuevo proceso judicial.
El amparo fue firmado por el triunvirato que conduce la CGT y por dirigentes de distintos sindicatos que integran la central. La iniciativa judicial se produjo luego de la movilización que la organización sindical realizó días atrás hacia los tribunales de la calle Talcahuano, donde formalizó el pedido para que se declare la inconstitucionalidad de la normativa.
Desde la conducción gremial sostienen que la reforma implica un retroceso en el marco de protección laboral vigente. En el escrito presentado ante la Justicia, la central sindical argumenta que la ley vulnera el principio de progresividad de los derechos sociales, un criterio reconocido por la doctrina constitucional que establece que las políticas públicas no deben implicar retrocesos injustificados en derechos previamente adquiridos.
En esa línea, el documento advierte que la normativa podría afectar garantías establecidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, entre ellas la protección frente al despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical y el acceso a la seguridad social. Para la CGT, la reforma altera el equilibrio histórico del derecho laboral, que se fundamenta en el reconocimiento de la desigualdad estructural entre empleadores y trabajadores.
Entre los puntos más cuestionados por la central obrera se encuentran la posibilidad de establecer jornadas laborales de hasta 12 horas, cambios en el régimen de horas extras y modificaciones en el sistema de sanciones para empleadores que incumplan obligaciones laborales o previsionales. También generó fuerte rechazo el esquema que habilita el pago de indemnizaciones por despido en cuotas mediante el denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que, según el sindicalismo, podría debilitar las garantías económicas para los trabajadores despedidos.
Más allá de la discusión jurídica, el amparo refleja una disputa más amplia sobre el rumbo del mercado laboral argentino. Mientras el gobierno de Milei defiende la reforma como un paso necesario para flexibilizar las condiciones de contratación y promover la creación de empleo, el sindicalismo la interpreta como una desregulación que reduce derechos históricos y altera el equilibrio de poder en las relaciones laborales.
En este escenario, el conflicto se desplaza ahora al ámbito judicial, donde la decisión de la Cámara y del juez interviniente podría definir no solo la vigencia de aspectos clave de la reforma, sino también el alcance de la estrategia sindical para frenar las transformaciones estructurales que impulsa el Ejecutivo.
