La Cámara Federal define un fallo clave en el escándalo de la ANDIS y reabre el debate sobre el uso de pruebas digitales
El caso ANDIS se consolida como un punto de presión para el oficialismo, que busca despegarse de las derivaciones políticas del escándalo mientras la causa avanza sobre un terreno cada vez más complejo.
La Cámara Federal porteña intervendrá este martes en un momento decisivo de la causa que investiga el presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), uno de los escándalos más sensibles para el Gobierno nacional.
El Tribunal deberá resolver los planteos de nulidad presentados por la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, y por el ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, acusados de participar en un esquema de corrupción vinculado a la compra de medicamentos de alto costo.
La audiencia, que comenzará a las 10.30 en los tribunales de Comodoro Py, estará a cargo de la Sala II del Tribunal de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. El fallo que adopte el tribunal será determinante: si confirma el rechazo a los pedidos de nulidad dictado por el juez Sebastián Casanello, la investigación continuará bajo secreto de sumario; si los acepta, podría implicar un golpe severo para el avance del expediente y para la estrategia de la fiscalía.
La causa estalló en octubre, cuando el fiscal Franco Picardi pidió 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares tras detectar supuestas irregularidades en la compra y distribución de medicamentos destinados a programas de discapacidad. El magistrado consideró que existían elementos que justificaban la continuidad de la pesquisa, mientras que los acusados sostienen que el origen del caso es ilegítimo.
El eje de la controversia jurídica son las grabaciones de audio que dieron inicio a la investigación. En ellas, Spagnuolo habría mencionado a Suizo Argentina y a funcionarios vinculados al entorno presidencial —entre ellos, a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem— como parte de un entramado de pagos irregulares. Los defensores alegan que esos audios fueron “adulterados, obtenidos ilegalmente o creados mediante inteligencia artificial”, y reclaman la nulidad absoluta del proceso.
Más allá del aspecto técnico, el caso plantea tensiones políticas y simbólicas. La ANDIS, encargada de gestionar políticas para personas con discapacidad, quedó en el centro de una causa que combina corrupción administrativa, espionaje y tecnología. La intervención de la Cámara Federal no solo determinará el rumbo judicial del expediente, sino que también servirá como termómetro de la capacidad del Poder Judicial para enfrentar causas de alto voltaje político en un contexto de polarización y desconfianza institucional.
La decisión de los camaristas será, en última instancia, una señal sobre cómo el sistema judicial argentino enfrenta los nuevos desafíos probatorios que trae la era digital y sobre qué límites se establecen entre la búsqueda de la verdad y la garantía de los derechos procesales.
