La Anónima absorbe hipermercados Libertad y deja afuera a un centenar de empleados
Mientras la operación asegura la continuidad operativa de las tiendas, deja en evidencia el costo humano de las reestructuraciones empresariales en un contexto recesivo, reavivando el debate sobre la necesidad de mecanismos que amortigüen el impacto de estos procesos sobre los trabajadores desplazados.
La reciente expansión de La Anónima en el negocio supermercadista expone una dinámica cada vez más frecuente en procesos de concentración: mientras se preservan puestos operativos, el ajuste recae sobre áreas consideradas “no esenciales”.
La compra de la mayoría de las sucursales de Grupo Libertad garantiza la continuidad de más de 1.600 trabajadores en tiendas, pero deja fuera a entre 80 y 100 empleados administrativos, principalmente en Córdoba.
La operación incluyó la transferencia de 12 de los 14 hipermercados que Libertad tenía en el país, junto con un centro de distribución. Sin embargo, el personal de la casa central —responsable de funciones clave como compras, liquidación de sueldos y relación con proveedores— no será absorbido por la nueva estructura. La razón esgrimida por la empresa compradora es la superposición de funciones, dado que cuenta con su propio esquema administrativo.
Las notificaciones de despido ya comenzaron y forman parte de un proceso de transición que se extenderá hasta fines de mayo. Aunque desde la empresa aseguran que se cumplirán las condiciones legales de indemnización, el impacto social es significativo, especialmente en un contexto donde las oportunidades de reinserción laboral son limitadas.
El caso no es aislado, sino la profundización de un proceso de ajuste que Grupo Libertad venía ejecutando desde hace meses. La caída en la rentabilidad del negocio supermercadista derivó en cierres de formatos, como Fresh Market en Buenos Aires, y en despidos previos en distintas provincias. Paralelamente, la compañía reorientó su estrategia hacia el segmento inmobiliario, con mejores resultados relativos.
Este tipo de operaciones pone en evidencia una lógica empresarial centrada en la eficiencia y la reducción de costos, donde las estructuras administrativas suelen ser las primeras en ser recortadas. Sin embargo, también abre interrogantes sobre el alcance de estas decisiones en términos de empleo calificado y sostenibilidad social.
En un escenario económico marcado por la caída del consumo y el deterioro de la actividad, la absorción de activos no necesariamente implica una expansión neta del empleo. Por el contrario, puede traducirse en una redistribución desigual de los puestos de trabajo, donde la continuidad de algunos convive con la exclusión de otros.
