La agenda del Congreso: reformas estructurales y proyectos polémicos esperan su turno tras el Mundial
Más que una simple agenda parlamentaria, se trata de un intento de redefinir áreas sensibles del Estado, la economía y el sistema político, con reformas que prometen abrir debates profundos y generar fuertes tensiones dentro y fuera del Congreso.

Mientras la atención pública se concentra en el Mundial de Fútbol, el Gobierno nacional avanza en el Congreso con una estrategia legislativa de doble velocidad: impulsar iniciativas consideradas prioritarias en el corto plazo y reservar para la segunda mitad del año un paquete de reformas de alto impacto político, económico e institucional.
En las próximas semanas, el oficialismo buscará acelerar el tratamiento de proyectos vinculados a la protección de la propiedad privada, la cancelación de compromisos pendientes con fondos acreedores internacionales, el denominado Súper RIGI y la llamada Ley Hojarasca, iniciativas que forman parte del núcleo de transformaciones promovidas por la administración de Javier Milei.
Entre los temas que avanzan en el Parlamento se destaca la reforma de las leyes de Expropiaciones y Tierras, una propuesta que apunta a reforzar las garantías sobre la propiedad privada y que será debatida en el Senado antes de continuar su recorrido legislativo en Diputados. Paralelamente, la iniciativa para cancelar la deuda con los holdouts remanentes del default de 2001 ya obtuvo respaldo en la Cámara alta y se encamina a una discusión clave en la Cámara baja.
Sin embargo, los proyectos más sensibles parecen haber sido deliberadamente postergados para después del Mundial. Entre ellos figuran la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, las medidas para combatir la ludopatía digital y un amplio paquete de desregulación impulsado por el ministro Federico Sturzenegger.
Ese conjunto de reformas incluye cambios que podrían generar fuerte resistencia de sectores profesionales, empresariales y sindicales. Entre las propuestas sobresalen la habilitación para que medicamentos de venta libre se comercialicen en supermercados y kioscos, la apertura del cabotaje nacional a embarcaciones extranjeras y la flexibilización de la actividad inmobiliaria mediante la eliminación de requisitos profesionales para ejercer como intermediario en operaciones de compraventa.
La estrategia oficial parece orientada a evitar que debates potencialmente conflictivos interfieran con la agenda inmediata del Congreso. No obstante, el verdadero desafío político llegará con la reforma electoral que el Gobierno pretende impulsar desde agosto y que podría modificar aspectos centrales del sistema político argentino.
La iniciativa contempla desde cambios en las elecciones primarias hasta nuevas reglas para el financiamiento de campañas, mayores exigencias para el reconocimiento de partidos políticos, modificaciones en la publicidad electoral y la incorporación de mecanismos vinculados a Ficha Limpia. El objetivo más ambicioso de la Casa Rosada sigue siendo eliminar las PASO, aunque la falta de consensos legislativos obliga a explorar alternativas como su suspensión temporal o la implementación de un esquema no obligatorio.
El proyecto también abre interrogantes sobre el equilibrio democrático y la competencia electoral. Algunas de las propuestas en estudio, como la reducción del financiamiento público, la ampliación de aportes privados o la eliminación de espacios gratuitos en medios audiovisuales, podrían reconfigurar las condiciones de disputa política en favor de estructuras con mayor capacidad económica.
A ello se suman otras reformas previstas para los próximos meses, entre ellas modificaciones a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, además de una nueva normativa de Salud Mental que buscaría ampliar las facultades de los profesionales para disponer internaciones involuntarias.
La hoja de ruta legislativa del Gobierno revela que la etapa posterior al Mundial podría convertirse en uno de los períodos de mayor intensidad política desde el inicio de la gestión.
