La AFA enfrenta a Milei por el caso Nahuel Gallo : «No hubo delito, hubo humanidad»
En un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, la institución negó la existencia de delito y planteó que su intervención fue estrictamente humanitaria.

La Asociación del Fútbol Argentino respondió con dureza a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había relativizado el rol de la entidad en la liberación del gendarme Nahuel Gallo y deslizado la posibilidad de impulsar una denuncia por presunto “entorpecimiento de las relaciones diplomáticas”.
El eje de la controversia no se limita al caso puntual, sino que expone una tensión más amplia entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino. Desde la AFA sostuvieron que “no existió delito alguno” y que ninguna norma impide que una entidad privada colabore en gestiones para asistir a un ciudadano argentino en el exterior. En esa línea, el texto calificó como de “gravedad institucional inusitada” la eventual judicialización del episodio.
En un giro argumental de fuerte contenido político, el comunicado contrapuso la actuación de la entidad con la del Estado. Señaló que, tras más de quince meses sin resultados por los canales diplomáticos formales, la intervención de la AFA permitió destrabar la situación. Así, la defensa transformó la acusación en cuestionamiento: no habría existido intromisión indebida, sino una respuesta ante una presunta inacción oficial.
La institución que preside Claudio Tapia reafirmó además que repetiría la decisión en circunstancias similares. “La AFA no se arrepiente. La AFA lo haría de nuevo”, subraya el documento, que pone el acento en el resultado concreto: el regreso de Gallo al país.
Desde una perspectiva analítica, el episodio evidencia una disputa que excede el terreno jurídico. La Casa Rosada había minimizado la intervención como una cuestión menor, mientras que la AFA la presentó como un acto de “humanidad”. El contraste de enfoques revela una confrontación que combina política exterior, legitimidad institucional y poder simbólico: el Gobierno cuestiona la injerencia de actores privados en asuntos diplomáticos, mientras la entidad futbolística reivindica su capacidad de gestión y su capital de influencia.
El desenlace judicial —si finalmente avanzan las acciones anunciadas— será clave para determinar si el conflicto se mantiene en el plano discursivo o escala a un enfrentamiento institucional de mayor alcance.
