Julia Strada advierte que el Gobierno negocia apoyos provinciales con fondos coparticipables
La discusión ya no se limita al contenido de la reforma laboral, sino que revela las estrategias de negociación del Gobierno y el delicado equilibrio entre gobernabilidad nacional y autonomía fiscal provincial.
El debate por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei expuso una nueva línea de conflicto que trasciende el plano estrictamente laboral y se proyecta sobre la relación fiscal entre la Nación y las provincias.
En ese marco, la diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria) denunció que el oficialismo estaría negociando votos legislativos a cambio de evitar recortes en los fondos coparticipables.
Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, la economista y legisladora kirchnerista apuntó contra el rol de los gobernadores, a quienes acusó de participar de una negociación política en la que se intercambian derechos laborales por alivio fiscal. La advertencia introduce una lectura más amplia del proyecto: no solo como una reforma del mercado de trabajo, sino como una herramienta de presión sobre las finanzas provinciales.
El núcleo de la crítica se concentra en los artículos 190 y 191 del proyecto oficial, que, de acuerdo con Strada, encubren una reforma impositiva orientada a reducir las alícuotas del Impuesto a las Sociedades y del Impuesto a las Ganancias. Dado que ambos tributos son coparticipables, cualquier modificación impacta de manera directa en los ingresos de las provincias, un factor sensible en un contexto de ajuste y caída de la recaudación.
Desde esta perspectiva, la diputada sostuvo que el Gobierno utiliza esa eventual pérdida de recursos como ficha de negociación. “Ya les están ofreciendo retirar esa parte impositiva para no desfinanciar a las provincias, pero a cambio de que acompañen el resto de la reforma laboral”, afirmó en declaraciones radiales, aludiendo a gestiones encabezadas por la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.
La advertencia de Strada apunta a una tensión estructural: la puja entre disciplina fiscal y protección de derechos laborales. Con la consigna “no entreguen los derechos por dos pesos con cincuenta”, buscó interpelar a los mandatarios provinciales desde su responsabilidad territorial, recordando que los trabajadores alcanzados por la reforma son también los ciudadanos que sostienen política y socialmente a sus gestiones.
El planteo del kirchnerismo se produce en un momento clave del debate parlamentario, cuando el oficialismo necesita consolidar una mayoría en el Senado para avanzar con el paquete de reformas antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.
