Jueza que liberó a los detenidos en el Congreso: «En democracia, toda persona debe poder expresarse»

En un país con una larga tradición de movilización social, el pronunciamiento de Andrade refuerza la idea de que la democracia no solo se sostiene en las instituciones, sino también en la posibilidad efectiva de que la ciudadanía exprese sus demandas sin temor a la represión.

El reciente fallo de la jueza Karina Andrade, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, marca un fuerte precedente en la defensa del derecho a la protesta y las libertades democráticas en Argentina.

Al ordenar la liberación inmediata de la mayoría de los detenidos en la marcha de los jubilados, la magistrada no solo cuestionó la legalidad del accionar policial, sino que reafirmó principios fundamentales de la democracia.

En su resolución, Andrade enfatizó que «no se brindaron detalles sobre el momento y lugar de las detenciones, ni por infracción a qué delitos ocurrieron, como así tampoco el lugar en donde serían alojados». La falta de precisiones en los procedimientos de detención fue una de las razones que motivaron su decisión de liberar a los manifestantes.

Un fallo que reivindica la protesta como derecho esencial

Uno de los puntos centrales del fallo es el reconocimiento explícito del derecho a la protesta y la libertad de expresión como pilares fundamentales de la democracia. «En democracia, toda persona debe poder expresarse, peticionar ante las autoridades, asociarse, reunirse y manifestar su parecer y, sobre todo, su disconformidad con las decisiones gubernamentales», sostuvo la jueza.

Andrade también subrayó la importancia del contexto en el que se produjo la protesta: la movilización de un sector altamente vulnerable, los jubilados, que reclamaban contra medidas gubernamentales que consideran perjudiciales. En este sentido, mencionó que «estas libertades adquieren especial relevancia un día como hoy en el que parte de la sociedad se expresa en favor del ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de uno de los sectores más vulnerables de nuestra República, los adultos/as mayores».

Irregularidades en la represión y la criminalización de la protesta

El fallo también expuso graves irregularidades en la represión policial. La jueza destacó la ausencia de pruebas concretas que justificaran las detenciones masivas, lo que refuerza la tesis de un uso excesivo de la fuerza para criminalizar la protesta social. Esta observación resulta especialmente relevante en un contexto en el que el gobierno ha sido señalado por endurecer su postura frente a las manifestaciones públicas.

Además, la jueza citó jurisprudencia clave en materia de derechos humanos, recordando que «la libertad de expresión, junto con el derecho a la protesta, se configuran como derechos baluartes del sistema democrático». Al hacerlo, alineó su fallo con pronunciamientos tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos que han sostenido la centralidad de la protesta en sociedades democráticas.

El debate sobre los límites de la protesta y el poder del Estado

Si bien Andrade reconoce que «los derechos no pueden ser ejercidos de manera absoluta» y que existen límites legales para su ejercicio, también advierte que estos límites no pueden ser utilizados para anular el derecho en sí mismo. «Las leyes que reglamentan el ejercicio de derechos básicos no pueden alterar el sentido o espíritu mismo de esos derechos, tornándolos inoperativos y volviéndolos una ficción sin sentido práctico», sentenció.

Este argumento cobra especial relevancia en el actual escenario político, donde el gobierno ha promovido una narrativa de orden y control frente a las manifestaciones. En este contexto, la resolución de Andrade se presenta como un contrapeso institucional que busca evitar que la represión se convierta en una herramienta sistemática para acallar el disenso.

Un fallo que interpela al poder político y a la sociedad

El fallo de la jueza Karina Andrade no solo tiene un impacto inmediato en la liberación de los detenidos, sino que también envía un mensaje claro sobre los límites del accionar estatal en contextos de protesta. Su resolución reivindica la protesta como un derecho esencial y advierte sobre los riesgos de una deriva autoritaria en la gestión de la seguridad pública.