Jueces por decreto: Amnistía Internacional denuncia un “grave retroceso” en la independencia judicial

La organización califica esta medida como un “grave retroceso para la independencia judicial” y advierte sobre sus implicaciones en la legitimidad del máximo tribunal, así como su impacto en la igualdad de género en la justicia.

En un contundente comunicado, Amnistía Internacional (AI) ha manifestado su profunda preocupación por la reciente decisión del Poder Ejecutivo argentino de nombrar por decreto a dos nuevos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La controversia se desata tras el Decreto 137/2025, a través del cual el presidente ha designado a dos varones sin el acuerdo del Senado, un procedimiento que AI considera un “avance indebido” sobre el Poder Legislativo. “Esta decisión no solo afecta la independencia judicial, sino que también es una ofensa clara al deber de garantizar la igualdad de género en la Corte”, señala el documento emitido por la organización.

Un decreto polémico y la alerta sobre la división de poderes

La designación de jueces por decreto ha suscitado históricamente un intenso debate en la política argentina. Amnistía Internacional argumenta que el Ejecutivo ha utilizado una interpretación errónea de sus atribuciones para el nombramiento de jueces en receso, cuando la Constitución establece que se requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara Alta para cualquier designación en el máximo tribunal.

“El respeto por la división de poderes es fundamental para la esencia de nuestro sistema republicano de gobierno. Este equilibrio no puede ser menoscabado por la falta de acuerdos políticos en torno a candidatos específicos”, destaca el comunicado, que insiste en que el Senado tiene la facultad constitucional de rechazar designaciones que no cumplan con los criterios adecuados.

Amnistía también subraya que la maniobra del Ejecutivo ha desestimado las numerosas impugnaciones presentadas durante el proceso de evaluación pública, donde se cuestionó la idoneidad e independencia de los candidatos propuestos, así como la histórica desigualdad de género en la composición de la Corte.

Riesgos para la legitimidad del tribunal

La organización de derechos humanos enfatiza que el respeto a las reglas constitucionales no son “meras formalidades”, sino garantías esenciales para el equilibrio de poderes. Al designar jueces sin seguir el procedimiento correcto, el tribunal se ve sometido a una fragilidad institucional que compromete su legitimidad.

“Eludir los procedimientos constitucionales coloca al Máximo Tribunal en una situación temporal y precaria, exponiendo a sus integrantes a presiones externas y afectando su credibilidad ante la ciudadanía”, sostiene el documento.

Además, AI recalca que la búsqueda de consensos políticos es crucial para la estabilidad de la Corte y para la seguridad jurídica del país. La organización desestima el argumento de la urgencia en completar el tribunal, recordando que la Corte puede operar con solo tres integrantes hasta que se logre una integración que respete lo establecido por la Constitución.

“Argentina no merece una Corte designada por decreto”

En conclusión, Amnistía Internacional reafirma la importancia de la independencia judicial y rechaza cualquier intento de manipulación política en la designación de jueces. “El Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema, debe ser un pilar de respeto y confianza para la sociedad. Argentina no merece una Corte designada por decreto, ni un sistema de justicia que desprecie el valor de la independencia y la imparcialidad”, finaliza el comunicado, instando a una reflexión profunda sobre el futuro del sistema judicial en el país.