Controversia: El gobierno de Milei clasifica a personas con discapacidad con términos despectivos

Una medida del gobierno argentino liderado por Javier Milei ha desatado una ola de indignación y controversia en todo el país. A través de la resolución 187 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), publicada en el Boletín Oficial, el gobierno decidió clasificar a las personas con discapacidad utilizando términos arcaicos y despectivos, como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”.

La resolución, que busca establecer nuevos criterios para otorgar asignaciones estatales a personas con discapacidad, fue criticada ampliamente por organizaciones de derechos humanos y colectivos de personas con discapacidad.

A pesar de los argumentos del gobierno sobre la necesidad de prevenir el fraude en las pensiones por invalidez, los detractores sostienen que esta medida ignora la legislación vigente y constituye un retroceso en los derechos humanos.

Los nuevos criterios de la ANDis exigen que los beneficiarios demuestren una “invalidez laboral” del 66%, un cambio significativo respecto al 76% requerido por la normativa anterior. Sin embargo, lo que más ha alarmado a la sociedad es el uso de lenguaje peyorativo en el anexo de la resolución, que categoriza a las personas según su edad y grado de discapacidad con términos que, según los críticos, fomentan la estigmatización y la discriminación.

De acuerdo con la clasificación presentada, los términos “idiota” se asignan a personas de 0 a 30 años, “imbécil” a aquellos de 30 a 50 años, y “débil mental profundo” a quienes tienen entre 50 y 60 años. Además, se introducen clasificaciones para “débil mental moderado” y “débil mental leve” para personas de 60 a 70 y de 70 a 90 años, respectivamente.

La publicación de esta resolución ha provocado una fuerte reacción en redes sociales y manifestaciones en distintos puntos del país. Organizaciones como la Asociación Argentina de Personas con Discapacidad, entre otras, han convocado a una serie de protestas y han exigido al gobierno que revoque esta medida, argumentando que la misma no solo es ofensiva, sino que también viola acuerdos internacionales de derechos humanos que Argentina ha suscrito.

La controversia plantea un desafío para el gobierno de Milei, que ya enfrenta críticas por su enfoque en políticas sociales y derechos humanos. En medio de este clima de tensión, se espera que el Ejecutivo responda a las acusaciones y busque un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil para abordar esta problemática que ha generado un amplio rechazo en la población.