Repudio al gobierno por terminologías ofensivas como «idiotas», «imbéciles» y «débiles mentales» a personas con discapacidad

La reciente resolución del Gobierno de Javier Milei desató una ola de indignación y repudio en todo el país. La Resolución 187/2025, firmada por Diego Spagnuolo, presidente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), establece un baremo para medir la «invalidez laborativa» que fue calificado como arcaico y discriminatorio.

Este baremo, que se convierte nuevamente en un requisito para acceder a pensiones no contributivas, utiliza terminologías tan ofensivas como «idiotas», «imbéciles» y «débiles mentales», contradiciendo abiertamente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008.

La normativa ha sido objeto de un fuerte repudio por parte de diversas organizaciones de derechos humanos y asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto a otros grupos como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), han elevado un reclamo administrativo exigiendo la revisión de esta resolución.

El uso de términos desfasados y despectivos para clasificar a las personas con discapacidad no solo deshumaniza a este colectivo, sino que también perpetúa estigmas que obstaculizan su inclusión y bienestar. Fernando Galarraga, ex director ejecutivo de ANDIS, subrayó que estas categorizaciones son «estigmatizantes y discriminatorias», y van en contra de los avances logrados en las últimas décadas en Argentina en materia de derechos de las personas con discapacidad.

Además, el baremo propuesto por el Gobierno no solo se enfoca en la discapacidad en sí misma, sino que ignora las barreras sociales y económicas que enfrentan estas personas. Según Galarraga, el verdadero problema radica en las limitaciones impuestas por la sociedad, y no en la capacidad de las personas con discapacidad para trabajar, que puede variar significativamente dependiendo de los apoyos que se les brinden.

La resolución también establece criterios que evalúan el Coeficiente Intelectual (CI) de las personas, segregándolas en grupos sin considerar su potencial y capacidades individuales. Este enfoque retrógrado ha sido calificado como una «violación directa» de los derechos humanos, y se teme que, bajo esta normativa, se reduzca drásticamente la inversión del Estado en pensiones y prestaciones, lo que podría resultar en un «genocidio silencioso» de las políticas de inclusión.

Desde la sociedad civil se ha exigido un cambio inmediato en la terminología y en el enfoque de las políticas públicas hacia las personas con discapacidad. La Convención de la ONU establece claramente que todas las personas, independientemente de su condición, deben gozar de igualdad de derechos y oportunidades. Sin embargo, las decisiones del Gobierno de Milei parecen ir en sentido contrario, reviviendo un lenguaje y una actitud que muchos consideraban superados.

La controversia alrededor de esta resolución no solo refleja un problema de terminología, sino que también pone de relieve una visión del mundo que desestima la dignidad y el valor de las personas con discapacidad, un retroceso que la sociedad no está dispuesta a aceptar. La lucha por la inclusión y el respeto a los derechos de todas las personas continúa, ante la necesidad urgente de un cambio en las políticas gubernamentales que promuevan verdaderamente la igualdad y la dignidad para todos.