Jefa de Aduana de Milei recibe préstamo de empresa investigada por contrabando
La diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, presentó una denuncia penal contra la titular de la Administración Nacional de Aduanas (ANA), Rosana Lodovico, y otros funcionarios de la misma institución, por presuntamente haber recibido un préstamo privado de 250 mil dólares de una empresa bajo sospecha de contrabando.

La denuncia surge a raíz de una investigación realizada por el diario La Nación, que reveló que Lodovico y su ex esposo, Luis Antonio Bocassi, quien se desempeña como jefe de Encomiendas Postales Internacionales de la Aduana, habrían recibido dicho préstamo de la empresa Promarlon S.A. Esta empresa, según la investigación, había sido beneficiada con una moratoria para saldar deudas por operaciones internacionales no debidamente declaradas, apenas dos meses antes de otorgar el préstamo.
La denuncia también implica a Alejandro Omar Lucano, identificado como cuñado de Lodovico, y a Claudio Gabriel Szlaien, presidente de Promarlon S.A.
Según Campagnoli, el préstamo habría sido utilizado para la compra de una casa de vacaciones en Canning, mientras Lodovico desempeñaba funciones en la Aduana.
La diputada sostiene que, según el artículo periodístico, la Aduana habría concedido a Promarlon el beneficio de no ser condenada por contrabando y de pagar sus deudas en cuotas, lo que plantea interrogantes sobre la imparcialidad de las acciones de la institución.
Además, Campagnoli cuestiona la falta de claridad en cuanto al pago del préstamo por parte de Lodovico, así como la legalidad y transparencia de la transacción, dado que la empresa no estaba autorizada para otorgar préstamos y no se conocen los detalles sobre cómo se registró el pago ni a qué tasa de cambio se realizó.
La denuncia, registrada bajo el número 1686/2024, fue presentada ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo. Paralelamente, miembros de la Fundación Apolo, cercana al PRO, también han presentado una denuncia sobre los mismos hechos, registrada como 1687/2024, dejando la competencia en manos del primer juzgado que recibió la presentación.
