Javier Milei se despega de la crisis de los endeudados y traslada la responsabilidad a los bancos
Mientras aumentan los atrasos en préstamos personales, tarjetas de crédito y financiamiento otorgado por fintech, en la Casa Rosada descartan medidas de alivio y sostienen que el problema debe resolverse entre entidades financieras y clientes. La posición oficial busca evitar cualquier intervención que pueda interpretarse como un rescate del sistema financiero.
La crisis de endeudamiento de las familias argentinas se profundiza y el Gobierno de Javier Milei opta por una estrategia que combina desentendimiento estatal, presión política sobre los bancos y rechazo absoluto a cualquier mecanismo de asistencia para quienes ya no pueden afrontar sus cuotas.
Detrás de esa postura, sin embargo, crece la preocupación por el impacto económico y político de una mora que se multiplicó por cinco en apenas 18 meses y que en algunas plataformas financieras digitales ya alcanza niveles cercanos al 31%.
Fuentes oficiales reconocen un creciente malestar con las entidades financieras por la falta de respuestas ante el deterioro de la cartera de créditos. “No están apurados por resolver esto”, admitieron desde el entorno gubernamental, en una señal de tensión con un sector que hasta hace pocos meses aparecía alineado con la política económica oficial.
La lectura que predomina en el Gobierno es que los bancos subestimaron los riesgos al expandir el crédito al consumo en un contexto de fuerte caída del poder adquisitivo. Según esa visión, las entidades captaban fondos a tasas relativamente bajas y luego trasladaban costos extraordinariamente altos a los tomadores de préstamos.
Los números reflejan esa brecha: mientras la tasa BADLAR rondó entre 21% y 22% nominal anual en julio, los préstamos personales se otorgaron con tasas cercanas al 66%, y el costo financiero total superó el 100%. El diferencial entre lo que los bancos pagan por los depósitos y lo que cobran por prestar dinero alcanzó así su nivel más alto de los últimos 14 años.
Sin rescate para deudores ni para bancos
El Banco Central mantiene contactos permanentes con las entidades financieras para monitorear la situación de los préstamos en problemas, aunque públicamente insiste en que se trata de un asunto “entre privados”.
La autoridad monetaria rechaza cualquier intervención que implique absorber pérdidas del sistema. “Si el Estado actuara, terminaría rescatando a los bancos que prestaron mal, y eso es inadmisible”, sostienen en el organismo.
Detrás de esa postura aparece el argumento del “riesgo moral” (moral hazard): la idea de que una asistencia estatal incentivaría a las entidades financieras a asumir riesgos excesivos bajo la expectativa de ser salvadas con recursos públicos si los créditos fracasan.
El costo social del crédito caro
La combinación de tasas elevadas, salarios deteriorados e inflación persistente empujó a miles de hogares a utilizar préstamos y tarjetas para financiar gastos básicos, desde alimentos hasta servicios esenciales. Ese fenómeno convirtió al endeudamiento familiar en uno de los principales focos de vulnerabilidad económica.
Aunque el presidente Milei y el ministro Luis Caputo responsabilizaron públicamente a quienes tomaron deuda —el mandatario llegó a preguntar si “alguien les puso una pistola en la cabeza”—, puertas adentro el enojo oficial parece concentrarse más en los financistas que en los deudores.
Una crisis que golpea la narrativa oficial
El debate sobre posibles refinanciaciones ya comenzó a instalarse entre técnicos y entidades del sector, con propuestas para evitar que familias y pequeñas empresas caigan automáticamente en categorías crediticias más severas.
Sin embargo, el Gobierno mantiene una línea inflexible: no habrá salvataje estatal. Esa decisión preserva la coherencia ideológica de la administración libertaria, pero deja abierta una pregunta incómoda: qué ocurrirá si el deterioro del crédito al consumo deja de ser un problema bancario y se transforma en una crisis social de mayor escala.
Por ahora, la estrategia oficial consiste en atribuir la responsabilidad a las entidades financieras, negar una intervención directa y confiar en que el mercado encuentre una salida. El problema es que, mientras esa discusión continúa, las familias endeudadas siguen enfrentando cuotas cada vez más difíciles de pagar, ingresos insuficientes y un sistema financiero que continúa cobrando tasas extraordinariamente altas incluso en medio de la emergencia crediticia.
