Estafa $LIBRA: Novelli negó la estafa y desvinculó a Milei de cualquier responsabilidad
La causa judicial por el colapso de la memecoin $LIBRA ingresó en una etapa decisiva con una presentación del empresario cripto Mauricio Novelli que apunta a redefinir el eje del expediente. Lejos de reconocer perjuicios derivados de una maniobra fraudulenta, el organizador del lanzamiento sostuvo ante la Cámara Federal que los compradores no fueron víctimas de una estafa, sino inversores que asumieron voluntariamente los riesgos propios de un mercado especulativo y altamente volátil.
El planteo, patrocinado por el abogado Daniel Rubinovich, busca que se confirme la exclusión como querellantes de cinco inversores que habían denunciado pérdidas vinculadas al derrumbe del token: Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo.
La presentación persigue dos efectos centrales: debilitar la participación de los damnificados en el expediente y desvincular al presidente Javier Milei de cualquier eventual responsabilidad penal por el mensaje publicado el 14 de febrero de 2025 en la red X para promocionar el lanzamiento de $LIBRA.
Según Novelli, el emprendimiento fue una iniciativa “exclusivamente privada” y el posteo presidencial carece de relevancia jurídico-penal porque no contenía promesas de rentabilidad, estabilidad del precio ni respaldo estatal.
La defensa sostiene que el derecho penal argentino no castiga las pérdidas derivadas de inversiones especulativas, aun cuando esas decisiones resulten financieramente ruinosas. Para que exista estafa, argumenta, debe probarse un engaño idóneo destinado a inducir a error a los compradores y provocar una disposición patrimonial perjudicial.
El debate sobre el FOMO y la responsabilidad del inversor
Uno de los puntos más relevantes del escrito es el rechazo al argumento de que los compradores actuaron impulsados por el fenómeno conocido como FOMO (“fear of missing out”, temor a perder una oportunidad de inversión).
Rubinovich sostuvo que operar por euforia, viralización o presión del mercado no elimina la conciencia del riesgo inherente a los criptoactivos. Desde esa perspectiva, la volatilidad extrema de un token no convierte automáticamente a sus compradores en víctimas de una maniobra defraudatoria.
La defensa remarcó además que $LIBRA operaba en un mercado no regulado, donde quienes participan aceptan una cuota significativa de responsabilidad sobre sus decisiones financieras.
Milei, el posteo y la dimensión política del caso
El intento de separar a Milei del expediente adquiere especial relevancia porque la investigación ya incorporó peritajes sobre el teléfono de Novelli que revelarían comunicaciones directas con el Presidente y su entorno inmediato en las horas previas al lanzamiento del token.
De acuerdo con la información incorporada a la causa, también surgieron contactos con Karina Milei y una videollamada en la que habría participado el asesor presidencial Santiago Caputo, además de unas 200 interacciones registradas durante el fin de semana en que se produjo el derrumbe de $LIBRA.
Frente a esos elementos, la defensa insiste en que el mensaje presidencial fue una expresión política orientada a destacar mecanismos de financiamiento basados en tecnología blockchain para pequeñas y medianas empresas, y no una promoción estatal de un activo financiero específico.
El trasfondo jurídico del planteo es particularmente sensible. Si los cinco inversores quedan definitivamente apartados, la acusación particular perderá capacidad para proponer pruebas, solicitar indagatorias y apelar decisiones judiciales, concentrando la investigación principalmente en manos del fiscal federal Eduardo Taiano.
La discusión se produce además en un contexto de renovación de la Sala I de la Cámara Federal, integrada actualmente por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, mientras el Gobierno impulsa cambios en la composición del tribunal.
Un caso que excede la volatilidad cripto
La presentación de Novelli intenta encuadrar el episodio como una pérdida especulativa típica del ecosistema cripto. Sin embargo, el expediente ya no gira únicamente alrededor de la volatilidad de un token, sino de una cuestión más amplia: hasta dónde llega la responsabilidad de quienes impulsan, promocionan o facilitan un activo financiero cuando intervienen figuras con acceso privilegiado al poder político.
En términos analíticos, la estrategia defensiva busca transformar una investigación sobre posibles conductas fraudulentas y eventuales incompatibilidades con la función pública en un debate sobre la responsabilidad individual del inversor. La resolución de la Cámara Federal no definirá todavía si existió estafa, pero sí determinará quiénes tendrán voz activa para impulsar una investigación que podría comprometer no sólo a empresarios del mundo cripto, sino también al entorno político más cercano al Presidente.
