Javier Milei redobló su ofensiva contra industriales y oposición y cuestionó el modelo de protección sectorial
Más allá del tono confrontativo y las frases resonantes, el trasfondo del mensaje presidencial expone una disputa de fondo: el modelo productivo que debe adoptar la Argentina y el rol que el Estado debe ocupar en la articulación entre mercado, industria y política.
En la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei profundizó su confrontación con parte del empresariado industrial y con la oposición política, en un discurso que combinó críticas estructurales al modelo económico previo con descalificaciones personales y tono provocador.
Al abordar el eje de exportaciones e industria nacional, el mandatario apuntó contra empresarios como Paolo Rocca, titular del Grupo Techint; Javier Madanes Quintanilla, referente de Fate y Aluar; y Roberto Méndez, de Neumen. Sin mencionarlos directamente en todos los casos, utilizó apodos irónicos para cuestionar lo que considera prácticas de protección excesiva y distorsiones de precios en sectores estratégicos.
El núcleo de su planteo giró en torno a la crítica al esquema de sustitución de importaciones y subsidios industriales. Milei sostuvo que, bajo administraciones anteriores, ciertos actores económicos habrían operado al amparo del poder político, con precios internos significativamente superiores a los internacionales. Como ejemplo, señaló el valor de la tonelada de tubos de acero —en alusión a Techint— y contrastó cifras para ilustrar lo que definió como sobrecostos que terminarían afectando a toda la economía.
En esa línea, el Presidente vinculó la defensa de la industria protegida con una presunta connivencia entre empresarios y dirigentes opositores. Según su argumento, la protección arancelaria y los subsidios no solo distorsionaron el mercado sino que generaron incentivos para prácticas corruptas, en detrimento del conjunto de los contribuyentes.
Desde una perspectiva política, el mensaje tuvo un doble destinatario. Hacia afuera, reforzó su narrativa de “casta” ampliada, que no se limita al sistema político sino que incluye a sectores empresariales beneficiados por regulaciones estatales. Hacia adentro, consolidó ante su base electoral la idea de que el proceso de apertura y desregulación enfrenta resistencias corporativas.
Milei también contrapuso los resultados recientes en materia de exportaciones —que cifró en 80.000 millones de dólares— con lo que describió como un esquema previo de incentivos perversos. Para el oficialismo, la liberalización y la reducción de privilegios sectoriales forman parte de un “proceso virtuoso” orientado a ganar competitividad y transparencia.
El discurso, no obstante, vuelve a plantear interrogantes sobre la relación entre el Gobierno y los principales grupos industriales del país. Mientras el Ejecutivo impulsa una agenda de apertura comercial y disciplina fiscal, sectores manufactureros advierten sobre los riesgos de una exposición abrupta a la competencia internacional.
