Intoxicación masiva en Atucha: 40 trabajadores afectados, critican los controles de nucleoeléctrica
Hasta el momento, no trascendió información oficial detallada sobre las causas de la intoxicación ni sobre posibles sanciones. Mientras tanto, el reclamo sindical instala una pregunta de fondo: ¿son adecuados y efectivos los controles internos en una de las centrales energéticas más importantes del país?
El Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate denunció públicamente la intoxicación de 40 trabajadores ocurrida el 24 de febrero en el comedor de la central nuclear Atucha y exigió explicaciones formales, inspecciones urgentes y medidas correctivas para evitar nuevos episodios que comprometan la salud del personal.
Según el comunicado gremial, el episodio expone posibles fallas en los controles sanitarios dentro de las instalaciones operadas por Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa responsable de velar por las condiciones de higiene y seguridad en el predio. Desde el sindicato señalaron que deben adoptarse “medidas inmediatas” respecto de la concesionaria del servicio de comedor y reforzarse los controles periódicos que corresponden a la operadora.
La gravedad del hecho no radica únicamente en la cantidad de trabajadores afectados, sino en el contexto en el que ocurre: una central nuclear donde los protocolos de seguridad deberían ser estrictos y ejemplares. Si bien la intoxicación se habría producido en el comedor y no en áreas operativas, el episodio abre interrogantes sobre la cadena de responsabilidades y la eficacia de los mecanismos de supervisión interna.
El sindicato informó que realizó las denuncias ante los organismos competentes y solicitó la intervención de la Dirección de Bromatología para inspeccionar las instalaciones, verificar la calidad de los alimentos y auditar los procesos de elaboración, conservación y manipulación. Este pedido no solo apunta a esclarecer lo sucedido, sino también a determinar si existieron negligencias o incumplimientos contractuales por parte de la empresa concesionaria.
En su reclamo, Luz y Fuerza exigió que se remita “a la mayor brevedad posible” información detallada sobre los hechos y sobre las medidas preventivas que se implementarán. La demanda de transparencia refleja un malestar más profundo: la percepción de que, ante situaciones críticas, la comunicación oficial suele ser tardía o insuficiente.
El episodio vuelve a poner en debate la tercerización de servicios en áreas sensibles y la necesidad de controles más rigurosos por parte del Estado y de las empresas públicas. En instalaciones estratégicas como Atucha, donde el estándar de seguridad debe ser máximo, incluso un incidente vinculado al servicio de comedor puede convertirse en un síntoma de fallas estructurales que exceden lo meramente alimentario.
