Informe global ubica a El Salvador en el grupo de naciones con mayor peligro de prácticas de tortura

En su segunda edición, el Índice Global de Tortura examina la realidad de 39 naciones (frente a las 26 del año anterior) mediante la evaluación de «los marcos legales nacionales, las políticas gubernamentales y su aplicación práctica en relación con los estándares internacionales de derechos humanos», apoyándose en siete áreas temáticas clave y un estudio regional.

Por segundo año consecutivo, El Salvador se encuentra entre los países que presentan un peligro más elevado de incurrir en actos de tortura, de acuerdo con el índice internacional de 2026 publicado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) el pasado 25 de junio.

Los siete aspectos que la OMCT considera en cada país incluyen: la voluntad política para combatir la tortura, los abusos policiales y la violencia estatal, las condiciones de las personas detenidas, la rendición de cuentas por actos de tortura y maltrato, la atención estatal a las víctimas, la adhesión a tratados internacionales y la protección de los defensores de derechos humanos y la sociedad civil.

El Salvador obtuvo calificaciones de riesgo elevado y muy elevado en todas estas áreas. Los principales factores señalados son las continuas extensiones del régimen de excepción, un informe reciente de expertos internacionales que documenta presuntos crímenes de lesa humanidad durante esta medida, y el grave hacinamiento en las prisiones.

El país presenta una de las tasas de encarcelamiento más altas a nivel mundial: 2.632 reclusos por cada 100.000 habitantes (aproximadamente el 2,6% de la población total), con centros penitenciarios que en mayo de 2026 operaban al 181,9% de su capacidad, según detalla el informe de la OMCT sobre El Salvador.

La organización internacional también menciona otras cuestiones preocupantes, como las repercusiones de la Ley de Agentes Extranjeros en los medios de comunicación independientes y las organizaciones civiles.

«La promulgación de la Ley de Agentes Extranjeros, junto con la criminalización y las detenciones arbitrarias de opositores, exempleados gubernamentales, periodistas y activistas de derechos humanos, ha ocasionado el cierre de organizaciones y el exilio de líderes comunitarios. La organización Cristosal ha registrado 245 víctimas de persecución política, 145 personas criminalizadas y 86 presos políticos», afirma el documento.

Asimismo, el informe destaca que el gobierno salvadoreño no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y carece de un Mecanismo Nacional de Prevención. Para la OMCT, esto incrementa el peligro de «desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y diversas modalidades de tortura, que incluyen golpizas, exposición a gas pimienta, privación de alimentos y sueño, restricción de necesidades fisiológicas y violencia sexual».

Junto a El Salvador, en la categoría de riesgo muy alto figuran Rusia, Bielorrusia, Afganistán, Irán, Etiopía, Libia y Nicaragua.

El informe también contempla las categorías de riesgo alto, riesgo considerable, riesgo moderado y riesgo bajo. La OMCT resaltó que siete de los ocho países latinoamericanos evaluados mantienen riesgos altos o muy altos: El Salvador, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.

«El Índice no solo es un instrumento para visibilizar y advertir sobre la situación de la tortura en la región, sino que también coloca en el centro a las víctimas y sobrevivientes a través de la documentación de sus casos. En naciones como Ecuador, México y Venezuela, observamos que son ellas y sus familias quienes continúan exigiendo justicia, denunciando y documentando la tortura cada día. Esperamos que este Índice contribuya significativamente a su labor», declaró Olga Guzmánán, responsable de la OMCT para las Américas, en un comunicado.