«Hay plata», aumentos para la cúpula del Estado: el Gobierno descongela salarios jerárquicos
Aunque el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel quedaron expresamente excluidos de la medida, la decisión vuelve a tensar el discurso oficial de ajuste y austeridad frente a una sociedad que aún enfrenta altos niveles de precariedad económica.
El Gobierno nacional habilitó, mediante el Decreto 931/2025, la posibilidad de otorgar aumentos salariales a ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades con rango equivalente, poniendo fin a dos años de congelamiento en los sueldos de la alta jerarquía estatal.
La norma autoriza a que, desde enero de 2026, los funcionarios superiores comiencen a percibir los incrementos derivados de las paritarias de la Administración Pública Nacional correspondientes a 2024 y 2025.
Si bien el Gobierno aclara que no habrá pagos retroactivos, el reconocimiento de aumentos atrasados implica, en los hechos, una recomposición significativa para los cargos políticos más altos, en un contexto donde amplios sectores de trabajadores y jubilados siguen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación acumulada.
En los considerandos, el Ejecutivo justifica la medida repasando el crítico escenario heredado a fines de 2023 y atribuyendo al congelamiento salarial inicial parte del éxito en la desaceleración inflacionaria y la obtención de superávit fiscal. Sin embargo, el argumento abre interrogantes: si la disciplina fiscal fue posible con salarios políticos congelados, ¿qué señal se envía ahora al descongelarlos, aun cuando la recuperación social sigue siendo desigual?
El Gobierno sostiene que la pobreza habría descendido al 27,5% y que la inflación interanual se redujo de manera drástica. No obstante, estos datos conviven con una realidad en la que el consumo continúa deprimido, los ingresos informales siguen rezagados y el ajuste sobre subsidios y tarifas impacta con fuerza en los hogares. En ese marco, la recomposición salarial de la dirigencia política corre el riesgo de ser leída como una decisión desalineada con el esfuerzo exigido al resto de la población.
La inclusión de una cláusula automática que congela nuevamente los salarios jerárquicos en caso de déficit fiscal funciona como salvaguarda técnica, pero no despeja el debate de fondo. Más allá del equilibrio contable, la discusión es política y simbólica: el descongelamiento de sueldos en la cúspide del Estado pone a prueba la coherencia del relato libertario y reaviva la pregunta sobre quiénes son los primeros beneficiados cuando la economía empieza a mostrar signos de ordenamiento.
