Guillermo Francos minimizó denuncias de corrupción y defiende a «Lule» Menem

En un intento por controlar el daño político, Francos defendió la decisión de no separar del cargo a Eduardo «Lule» Menem, uno de los señalados en la presunta trama de coimas, mientras que la dimisión del otro funcionario, Diego Spagnuolo, se justificó con argumentos muy distintos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha salido al cruce de las denuncias de corrupción que sacuden a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), calificándolas como una «campaña de desprestigio» contra el gobierno.

En declaraciones a radio Rivadavia, Francos aseguró que las sospechas de corrupción, que se hicieron públicas a través de audios filtrados de Spagnuolo, no han impactado la intención de voto del electorado, y afirmó que el oficialismo sigue viendo «muy bien» sus chances para los comicios del 26 de octubre.

Para el jefe de Gabinete, el momento en que se difundieron las grabaciones, un día antes de la sesión por la ley de emergencia en Discapacidad, «demuestra que se trata de una operación política» con el fin de «influir en el electorado». Con esta narrativa, el gobierno busca desviar la atención de los hechos y centrarla en una supuesta conspiración.

El accionar del gobierno ante la crisis ha sido selectivo, con criterios que generan suspicacia. Francos justificó la salida de Spagnuolo, alegando que este «no hizo ninguna expresión» tras la difusión de los audios. Por el contrario, la decisión con «Lule» Menem es «señalarlo como si hubiera tenido algo que ver con hechos de corrupción, y no está en las miras del gobierno».

Esta defensa contrasta fuertemente con la postura del mismo gobierno que se ha comprometido a ser inflexible contra la corrupción. Las explicaciones del jefe de ministros plantean más preguntas que respuestas: ¿Por qué la inacción de un funcionario es un motivo válido para la remoción, mientras que la de otro no lo es? La respuesta de Francos podría estar indicando que la «purga» de funcionarios se basa más en un cálculo político que en una verdadera voluntad de transparencia.

Los audios están en manos de la Justicia, y será la investigación la que determine si las denuncias son parte de una «campaña de desprestigio» o si, por el contrario, revelan una red de corrupción dentro de la Administración Pública.