Gremios redoblan la presión sobre la CGT y exigen un paro nacional de 36 horas
La eventual convocatoria a un paro de 36 horas pondrá a prueba la cohesión de la CGT y su capacidad para sintetizar posiciones en un escenario político fragmentado. Más allá del resultado legislativo, el debate revela una disputa más profunda sobre el rol del sindicalismo frente a un nuevo ciclo de reformas económicas.
La puja en torno a la reforma laboral profundizó las diferencias dentro del movimiento obrero y abrió una nueva fase de tensión en la CGT. Organizaciones agrupadas en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) adelantaron que solicitarán formalmente a la central obrera la convocatoria a una huelga general de 36 horas para frenar el tratamiento legislativo del proyecto.
El impulso proviene del sector que encabeza Daniel Yofra, dirigente de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, quien confirmó que buscarán una audiencia con el triunvirato cegetista.
El reclamo apunta a que la conducción adopte una medida de fuerza de mayor impacto frente a lo que interpretan como un recorte de derechos laborales. Yofra dejó abierta la posibilidad de avanzar con acciones propias si la CGT no toma la iniciativa, lo que expone una fisura interna en la estrategia sindical.
Desde el FreSU sostienen que la reforma no se limita a introducir ajustes técnicos, sino que altera pilares históricos de la organización gremial. Señalan cambios en el régimen de vacaciones, la instrumentación de bancos de horas, la regulación de horas extras y eventuales condicionamientos al derecho de huelga y a las asambleas. A su juicio, el proyecto redefine el equilibrio entre empleadores y trabajadores en un contexto ya marcado por la pérdida de poder adquisitivo.
El dirigente aceitero también cuestionó a legisladores que, según indicó, habían anticipado su rechazo a la iniciativa y luego facilitaron su avance parlamentario. Para los sectores más críticos, ese giro refleja una desconexión entre promesas electorales y decisiones concretas que afectan al mundo del trabajo.
Las diferencias no solo atraviesan el vínculo con el Congreso, sino también la estrategia de la propia CGT. Yofra reprochó que la conducción haya privilegiado la negociación política y la vía judicial antes que un plan de lucha sostenido. En ese marco, planteó la necesidad de mayor independencia sindical frente a los partidos y de una postura más firme ante reformas estructurales.
El trasfondo de la discusión combina tácticas divergentes y un diagnóstico común: el deterioro salarial y la fragilidad del empleo formal. Con una proporción significativa de trabajadores registrados por debajo de la línea de pobreza, cualquier modificación en las condiciones laborales adquiere una sensibilidad adicional.
