Gregorio Dalbón denunció a Bullrich por presuntas irregularidades financieras en Tostado Café
La causa quedó radicada, por sorteo, en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, con intervención de la fiscal Alejandra Mángano, quienes deberán definir si avanzan con la apertura formal del expediente.
Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal volvió a colocar en el centro del debate público a la senadora Patricia Bullrich, a partir de un planteo que apunta al presunto origen irregular de los fondos utilizados para el crecimiento de la cadena gastronómica Tostado Café.
Según consignó la periodista Vanesa Petrillo (Minutouno), el abogado Gregorio Dalbón solicitó que se investiguen posibles delitos de evasión fiscal, lavado de activos y asociación ilícita vinculados al manejo societario de la marca, que hoy cuenta con más de 70 locales en el país y en el exterior.
La presentación judicial involucra de manera directa a Francisco Langeri Bullrich, hijo de la senadora, y a Fernando Goijman, fundador de Tostado Café, quienes figuran como socios en las firmas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A. Según la denuncia, ambas compañías habrían sido el vehículo de una expansión acelerada que no tendría respaldo claro en antecedentes comerciales, capital inicial declarado ni financiamiento bancario verificable.
Dalbón sostiene que el crecimiento del grupo, valuado en millones de dólares y concretado en un período relativamente corto, resulta difícil de explicar desde una lógica económica tradicional. En ese sentido, la denuncia plantea que existiría un entramado de sociedades comerciales fragmentadas, algunas con domicilios coincidentes o vinculados a inmuebles asociados a Patricia Bullrich, lo que podría haber sido diseñado para dificultar el control fiscal y patrimonial.
Uno de los puntos señalados es un inmueble ubicado en la calle Beruti al 3800, en la Ciudad de Buenos Aires, que tendría relevancia tanto patrimonial como fiscal dentro de la estructura investigada. Además, el escrito menciona que algunas de las empresas habrían registrado cheques rechazados por falta de fondos, un dato que, según el denunciante, contrasta con la imagen de solidez económica del grupo y podría ser indicio de desmanejos financieros, subfacturación o simulación de solvencia.
La denuncia también subraya la proyección internacional de la cadena, con locales en países como España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay, lo que introduce la necesidad de analizar eventuales transferencias de dinero al exterior y complejiza el esquema bajo investigación. Dalbón afirma que no existiría información pública clara y verificable sobre el origen de los fondos utilizados para la apertura simultánea o sucesiva de numerosos locales, y advierte que la actividad gastronómica podría haber funcionado como una “pantalla” para legitimar capitales de origen ilícito.
En cuanto a Patricia Bullrich, el escrito aclara que el vínculo familiar con uno de los denunciados no implica automáticamente responsabilidad penal. Sin embargo, remarca que su rol institucional y su peso político obligan a extremar los controles para descartar posibles conflictos de intereses, uso indebido de influencias o tolerancia estatal frente a eventuales irregularidades económicas de gran magnitud.
Como parte de la investigación solicitada, Dalbón pidió allanamientos, el secuestro de documentación societaria y contable, informes a la Unidad de Información Financiera, a la Inspección General de Justicia y a organismos fiscales, además de la citación a indagatoria de los involucrados.
