Grave retroceso en el salario real y el empleo: el ajuste se profundiza en el mercado laboral

El mercado laboral argentino profundizó su deterioro en marzo, con una doble señal alarmante: la caída más pronunciada en los salarios reales desde diciembre de 2023 y la pérdida de casi 9.000 empleos formales. El informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), dependiente de la Secretaría de Trabajo, deja en evidencia la fragilidad de una economía que, lejos de estabilizarse, continúa expulsando trabajadores y erosionando el poder adquisitivo.

Según los datos oficiales, el salario promedio en el sector privado registrado cayó un 2,6% en términos reales en marzo frente a febrero, acumulando una contracción del 1,3% respecto al nivel de noviembre de 2023. Este dato confirma la reversión de la leve recuperación observada en el segundo semestre del año pasado, y posiciona al ingreso de los trabajadores formales en uno de sus niveles más bajos en los últimos tiempos.

En paralelo, se destruyeron 8.900 empleos asalariados formales: 7.300 en el sector privado, 800 en el sector público y 900 en casas particulares. Este saldo negativo se asemeja a lo ocurrido en julio de 2024, y ratifica que el empleo está estancado en niveles mínimos. En total, desde marzo ya se han perdido más de 195.000 puestos registrados, de los cuales un 59% correspondieron al ámbito privado, un 30% al público y un 11% al empleo doméstico.

Los sectores más castigados fueron construcción e industria manufacturera, con una pérdida acumulada de 62.000 y 31.300 empleos respectivamente desde diciembre. La industria fue además la actividad con mayor caída puntual en marzo, con 4.000 puestos menos. Estos datos reflejan el impacto directo del ajuste fiscal, la paralización de la obra pública y la fuerte recesión que atraviesa la economía productiva.

En contraste, solo tres sectores mostraron creación de empleo desde la llegada de Javier Milei al poder: comercio (+21.411 puestos), agro (+6.302) y pesca (+1.699). No obstante, estos avances puntuales no compensan el derrumbe generalizado ni alcanzan para revertir la tendencia.

El contexto no deja margen para eufemismos: el deterioro de las condiciones laborales no es sólo una consecuencia colateral, sino una pieza central del programa económico que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la recuperación del ingreso y el empleo. La política de licuación del gasto público mediante inflación, recorte de subsidios y devaluación ha implicado un golpe directo sobre los sectores más vulnerables y sobre la clase trabajadora formal.

La caída del salario real, que en marzo volvió a niveles cercanos a los de noviembre de 2023, no solo limita el consumo interno —motor tradicional de la economía argentina—, sino que siembra dudas sobre la viabilidad social y política del ajuste en curso. A pesar de la desaceleración inflacionaria reciente, la mejora de precios no se ha traducido en alivio para los trabajadores, que siguen perdiendo poder adquisitivo y empleo.

El Gobierno se enfrenta así a un dilema clave: sostener un esquema de ajuste que está logrando algunos objetivos fiscales, pero a costa de un retroceso económico y social que pone en jaque la sustentabilidad del modelo. La recuperación prometida sigue sin llegar, mientras los indicadores laborales confirman que el ajuste no sólo no terminó, sino que está profundizando sus efectos más regresivos.