Golpe al bolsillo: el Gobierno avanza con una nueva quita de subsidios en luz y gas que golpea a la clase media

En nombre de la eficiencia, se está instalando un modelo que amenaza con dejar a millones de argentinos en la intemperie tarifaria. El tiempo dirá si el país logra sostener este rumbo sin quebrar su ya frágil equilibrio social.

En un contexto de creciente tensión económica y social, el gobierno de Javier Milei prepara una nueva etapa de recortes en los subsidios a las tarifas de electricidad y gas natural. Con la mira puesta en el cumplimiento de las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la medida promete profundizar el ajuste fiscal, pero a costa de una fuerte carga sobre los hogares de clase media.

Según reveló Ámbito Financiero, el Ejecutivo trabaja en un rediseño del esquema de subsidios que eliminaría la actual segmentación por ingresos —que distinguía entre niveles altos, medios y bajos— para instaurar un único nivel de ayuda destinado exclusivamente a sectores «vulnerables». Esta redefinición, lejos de ser técnica, tiene un profundo impacto social: cerca de tres millones de usuarios, en su mayoría de clase media, perderán completamente el acceso al subsidio en el servicio eléctrico.

Este giro no es aislado. Forma parte de una estrategia más amplia impuesta por el FMI como condición para el nuevo acuerdo firmado con la Argentina, que también incluyó una fuerte devaluación del peso y metas estrictas de recorte del gasto público. El organismo internacional proyecta que los subsidios pasarán del 1,1% del PBI en 2024 a apenas el 0,5% en 2025, un ajuste histórico que apunta a «ordenar las cuentas», pero que podría tener consecuencias severas en términos de calidad de vida y acceso a servicios básicos.

Desde el inicio de la gestión libertaria, las tarifas se dispararon: el gas aumentó un 622% y la electricidad un 264%, de acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet. Estos incrementos, sumados a la inflación acumulada y la pérdida del poder adquisitivo, dibujan un panorama alarmante para millones de familias.

A su vez, el Gobierno avanza en una desregulación estructural del sistema energético. La reciente Resolución 21/2025, emitida por la Secretaría de Energía, habilita a las empresas a firmar contratos directamente, sin pasar por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Esta medida, que busca restablecer un modelo de libre contratación, responde a la exigencia del FMI de reformar el mercado mayorista para noviembre de este año. No obstante, abre interrogantes sobre el control estatal, la transparencia y el riesgo de concentración del mercado en manos de grandes jugadores.

Una apuesta riesgosa

El recorte de subsidios no es simplemente un número en una planilla de Excel. En un país con una elevada pobreza y un tejido social desgastado, ajustar tarifas esenciales sin una red sólida de contención puede significar empujar a amplios sectores hacia la vulnerabilidad. Más aún si se trata de la clase media, históricamente sostenedora del consumo interno y del equilibrio económico.

El gobierno de Milei defiende la medida como un paso necesario hacia la «racionalidad económica» y la eliminación de distorsiones en el mercado. Sin embargo, la pregunta de fondo persiste: ¿quién paga el precio de ese ajuste? Y, sobre todo, ¿es posible pensar una transición energética más justa sin sacrificar derechos ni profundizar desigualdades?