Gobernadores exigen diálogo urgente con Milei ante el colapso de la coparticipación y el abandono de la obra pública

En un contexto de fuerte deterioro económico y recorte de transferencias federales, los gobernadores de todas las provincias —junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri— se reunieron este martes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para exigir una audiencia con el presidente Javier Milei. El reclamo es claro: reabrir el diálogo fiscal y discutir la dramática caída en la coparticipación y la paralización de la inversión en infraestructura.

El encuentro, realizado en el edificio temporario del CFI en la calle Azopardo, dejó al descubierto la magnitud del malestar federal. Con la única ausencia del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, todos los mandatarios provinciales —sin distinción partidaria— coincidieron en que la situación es insostenible.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, expresó que la intención es “reflotar el espíritu del Pacto de Mayo” y discutir punto por punto la reforma fiscal impulsada por el Ejecutivo nacional, ante la realidad de que “la contraparte somos las provincias”.

La demanda concreta es una reunión con Milei en un plazo máximo de 15 días, una solicitud que deja entrever la fractura institucional creciente entre el poder central y los gobiernos subnacionales.

Un colapso anunciado: los números detrás del reclamo

La solicitud de los gobernadores se apoya en datos demoledores. Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en mayo de 2025 se registró un derrumbe interanual del 23,3% en los recursos de origen nacional en términos reales. En cuanto a la Coparticipación Federal de Impuestos, la caída fue aún mayor: 26,2%. Todas las provincias, sin excepción, fueron afectadas por esta baja.

El caso más extremo fue Río Negro, con una caída del 26,5%, mientras que Salta presentó el menor retroceso, con una baja del 19,9%. En paralelo, los ingresos por Ganancias —uno de los pilares de la coparticipación— se desplomaron casi 40%, mientras que la recaudación por IVA tuvo una merma real del 1%.

Esta contracción en los recursos coincide con la ausencia total de inversión en obra pública nacional, un componente vital para las economías regionales, tanto en términos de empleo como de desarrollo. El informe del estado del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, también analizado en la reunión, exhibió el virtual abandono del financiamiento de rutas, caminos y servicios por parte del Estado nacional, en un país con vastas regiones que dependen de estas obras para mover producción y generar competitividad.

Una pulseada de poder disfrazada de reforma fiscal

La discusión de fondo que sobrevuela el conflicto es la reforma fiscal que impulsa el gobierno de La Libertad Avanza. Si bien el oficialismo la presenta como una simplificación y modernización del sistema tributario, las provincias la perciben como una recentralización de poder económico que amenaza con asfixiarlas financieramente.

La eliminación o reducción de impuestos coparticipables, combinada con la priorización de tributos no coparticipables como Retenciones o el Impuesto PAIS, ha producido una asimetría creciente entre la recaudación nacional y los fondos transferidos a las jurisdicciones. Esta dinámica ha trasladado el ajuste directamente a las provincias, que son las responsables de sostener áreas sensibles como educación, salud y seguridad.

Federalismo en jaque

Lo que está en juego, más allá de la coyuntura económica, es el modelo de federalismo fiscal argentino. En la práctica, el gobierno nacional ha optado por una política de recorte sin negociación, profundizando el deterioro institucional y económico de las provincias. Esta estrategia pone en riesgo no solo el funcionamiento administrativo de los estados subnacionales, sino también la viabilidad política del sistema democrático, cuya estabilidad depende del equilibrio entre Nación y provincias.

La reunión del CFI fue un llamado de alerta: los gobernadores no solo reclaman fondos, sino voz y participación en la definición del rumbo económico del país. Ignorar este reclamo no solo puede tensar aún más la relación entre el Ejecutivo y las provincias, sino también agravar una crisis que ya tiene consecuencias visibles en el tejido productivo y social argentino.

Una oportunidad para recomponer o romper

El pedido de una audiencia presidencial se convierte en una suerte de ultimátum institucional. Si el Gobierno nacional responde con apertura, podría iniciar una etapa de negociación que permita articular una salida fiscal sustentable. Pero si opta por ignorar o minimizar la demanda, corre el riesgo de romper el pacto federal de hecho, generando un escenario de conflicto permanente con las provincias que podría afectar seriamente la gobernabilidad en lo que resta del año.

La Argentina no enfrenta solo una crisis económica. En el fondo, lo que se está discutiendo es la arquitectura del poder en una república federal que hoy parece más unitaria que nunca.