El fin de Volver al Trabajo en agosto deja sin ingresos a casi un millón de personas
La reciente resolución de la Cámara Federal de San Martín, que revoca la medida cautelar que sostenía el programa Volver al Trabajo, marca un punto de inflexión en la gestión de la asistencia social en el país.
Al convalidar el cese de las transferencias directas a partir de agosto de 2026, la justicia no solo convalida el fin de un beneficio, sino que desarma una de las últimas redes de ingresos mínimos para más de 900.000 trabajadores de la economía popular.
La pérdida de esta prestación, que funcionaba como un complemento de supervivencia ante la crisis, profundiza la desprotección de los sectores más vulnerables bajo el argumento técnico de que no existen derechos adquiridos sobre políticas de vigencia acotada.
La justificación de la Cámara para devolver el control absoluto del diseño social al Poder Ejecutivo evidencia una alarmante primacía de los criterios de autonomía administrativa por sobre la emergencia humanitaria. Sostener que la protección judicial previa representaba una interferencia indebida en las decisiones de la administración central soslaya el impacto material de la medida. En un contexto económico restrictivo, la interrupción de un ingreso de entre 78.000 y 80.000 pesos mensuales —monto que ya sufría una licuación severa al permanecer congelado desde 2023— expone de manera directa a miles de familias a la indigencia, retirando la escasa certidumbre económica que poseían.
De la transferencia de ingresos al mercado de la capacitación: el modelo de vouchers
La reconversión de la política social impulsada por el Ministerio de Capital Humano, que busca sustituir el subsidio directo por un esquema de vouchers para capacitación laboral a través del programa Formando Capital Humano, plantea serios interrogantes estructurales. Este viraje delega la administración de los recursos estatales en centros de formación, empresas y organizaciones intermedias, bajo la premisa de que la inserción laboral se resuelve únicamente mediante la instrucción técnica. Sin embargo, en un mercado de trabajo formal sumamente deprimido, la oferta de cursos corre el riesgo de transformarse en un paliativo ineficaz que no resuelve la falta de puestos reales de empleo ni atiende la urgencia alimentaria diaria.
Por otra parte, el desvío de una porción de estos fondos hacia el financiamiento de la doble jornada escolar en áreas vulnerables, si bien se presenta como una medida de fortalecimiento educativo, se ejecuta a costa de desfinanciar los ya magros ingresos familiares directos. Esta reasignación parece concebir la política de ingresos y la política educativa como variables de compensación mutua, en lugar de entenderlas como derechos complementarios y simultáneos para garantizar la cohesión social.
Judicialización, conflicto callejero y la inminente protesta social
La reacción de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular ante el fallo judicial anticipa una escalada en la conflictividad social para la segunda mitad del año. La denuncia del gremio sobre lo que consideran un retroceso sistémico en materia salarial y social pone en agenda la desconexión entre los tiempos institucionales del Poder Judicial y las necesidades biológicas de los sectores desamparados.
El anuncio de una jornada nacional de protesta y la articulación con otros sectores en lucha muestran que el cese del programa Volver al Trabajo no se asimilará de forma pasiva. Al clausurar la vía judicial para la resolución del conflicto, el Estado traslada la discusión de los ingresos básicos directamente al espacio público y a la protesta social, un escenario donde la falta de diálogo institucional suele traducirse en una profundización de las tensiones comunitarias.
