Fuerte crítica al Gobierno por extender beneficios sociales argentinos a ciudadanos israelíes
Lo que en su momento fue objeto de durísimas críticas por parte del oficialismo —el gasto público destinado a programas sociales— hoy parece no sólo justificado, sino ampliado, cuando se trata de beneficiar a ciudadanos de otro país. El contraste es evidente y doloroso: mientras miles de argentinos con años de aportes y necesidad ven rechazados sus pedidos, y se multiplican los despidos, cierres de fábricas y ajustes, el Estado argentino abre sus recursos a personas sin arraigo ni historia laboral en el país.
En una decisión que ha desatado una tormenta de críticas, el Gobierno de Javier Milei oficializó un convenio bilateral que habilita a ciudadanos israelíes a acceder a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en Argentina.
La medida, publicada en el Boletín Oficial en mayo de 2024, pone a disposición del sistema previsional argentino a personas extranjeras sin que hayan contribuido previamente al mismo, siempre que se radiquen en el país, consignó Crónica Política.
El acuerdo —firmado originalmente en febrero pero activado recién ahora con el reglamento administrativo correspondiente— otorga a cualquier ciudadano israelí que decida vivir en Argentina el mismo acceso a la seguridad social que hoy se le exige con creciente rigurosidad a los propios argentinos. Jubilaciones, pensiones, asignaciones por maternidad y discapacidad, entre otros beneficios, quedan al alcance de un grupo extranjero mientras se recortan en nombre del déficit cero los mismos derechos a miles de compatriotas.
La decisión generó indignación en redes sociales y entre diversos sectores políticos y sindicales, que denuncian un doble estándar alarmante. En un contexto de emergencia económica, inflación persistente y una sociedad golpeada por recortes, ¿cómo se explica que el escaso presupuesto disponible se utilice para subsidiar a ciudadanos extranjeros?
La contradicción es profunda. El gobierno que prometió achicar el gasto público a toda costa y acusó de “planeros” a los sectores más vulnerables ahora ofrece el acceso irrestricto a los beneficios sociales a quienes no han contribuido ni un día al sistema. Mientras se destruyen derechos históricos de los argentinos, se crean privilegios importados.
Este convenio con Israel —cuya comunidad internacional no está precisamente entre las más desfavorecidas— revela las prioridades geopolíticas de un gobierno más preocupado por alineamientos ideológicos que por las urgencias sociales del país. Es también una muestra clara de cómo el discurso de la austeridad y la “motosierra” es selectivo: se aplica con dureza a los de siempre y se suaviza con generosidad cuando se trata de aliados estratégicos.
