Friar profundiza su crisis: despidos, retiros voluntarios y una disputa por el futuro de 1.250 puestos de trabajo

Mientras se aguardan definiciones sobre el futuro societario de Friar y el eventual interés del Grupo Grassi, se abre el interrogante  si el proceso terminará en una reestructuración capaz de sostener la producción y el empleo o si la salida de trabajadores será el primer paso de un achicamiento más profundo de una de las principales fuentes laborales de Reconquista.

La crisis del frigorífico Friar volvió a instalarse en la agenda política de Santa Fe luego de los despidos de trabajadores administrativos y la implementación de un plan de retiros voluntarios.

Mientras crece el interés del Grupo Grassi, controlador de Nueva Vicentín, por quedarse con la empresa, un proyecto presentado en la Legislatura provincial reclama que el Estado intervenga para preservar la actividad y los puestos de trabajo.

La situación adquiere especial relevancia en Reconquista, donde Friar constituye uno de los principales motores económicos y es la mayor empleadora de la ciudad, con una plantilla cercana a los 1.250 trabajadores.

Por eso, el deterioro de la empresa excede el ámbito estrictamente empresarial y genera preocupación por el impacto que una reducción de su actividad podría tener sobre el empleo y el movimiento económico de toda la región.

En los últimos días tomó fuerza la versión sobre el interés del Grupo Grassi por adquirir Friar. La firma controla Nueva Vicentín, compañía surgida tras el proceso de reestructuración del histórico grupo Vicentín, del que Friar también formó parte en el pasado.

Mientras se definen las cuestiones comerciales y judiciales vinculadas con una eventual operación, los trabajadores enfrentan un escenario de creciente incertidumbre.

En ese contexto, el diputado provincial Carlos Del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo santafesino, a través de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Productivo, informe sobre la situación económica, financiera y judicial del frigorífico.

Sin embargo, detrás del pedido formal de información aparece un reclamo político más amplio: que la Provincia no limite su intervención a acompañar eventuales indemnizaciones una vez producidos los despidos, sino que actúe antes para intentar preservar la actividad industrial.

El planteo sostiene que la prioridad debería ser sostener los puestos de trabajo y garantizar la continuidad de las plantas, en lugar de concentrar la respuesta estatal exclusivamente en las compensaciones que puedan recibir quienes pierdan sus empleos.

También propone explorar nuevos canales de comercialización de la producción cárnica, tanto en el mercado provincial y nacional como en el frente exportador.

La discusión adquiere mayor peso por el deterioro que la empresa viene atravesando desde hace aproximadamente dos años y medio. Antes de los despidos actuales, Friar había implementado un sistema de “garantía horaria” presentado como una herramienta para evitar una reducción mayor de personal.

La contracara fue una fuerte caída en los ingresos de los trabajadores, debido a la pérdida de adicionales vinculados con producción y exportaciones.

Según los trabajadores, esa modificación terminó provocando que los salarios llegaran a reducirse prácticamente a la mitad respecto de los niveles anteriores. De esta manera, la preservación formal de los puestos de trabajo no significó necesariamente el mantenimiento de las mismas condiciones laborales y salariales.

Ahora, los 30 despidos administrativos confirmados y el avance del esquema de retiros voluntarios agregan una nueva instancia de ajuste.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (Fesitcara) lanzó una campaña en Santa Fe para advertir sobre las consecuencias que podría generar una reducción mayor de la actividad en las plantas de Friar, particularmente en Reconquista y Recreo.

El conflicto plantea así una discusión que va más allá del destino inmediato de una empresa: qué papel debe asumir el Estado cuando una compañía estratégica para una economía regional comienza a reducir empleo y actividad.

Para los trabajadores y sectores que reclaman una intervención provincial, esperar a que los despidos se concreten significaría actuar cuando una parte sustancial del daño ya estaría consumado.