Fernández Sagasti cruzó a Milei por amenazas de veto y alertó sobre un Gobierno que “no entiende la división de poderes”

La legisladora cuestionó con dureza lo que calificó como “desconocimiento básico del sistema republicano” y afirmó que el Parlamento comenzó a poner límites al avance autoritario del Ejecutivo.

En una intervención cargada de advertencias políticas e institucionales, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) salió al cruce del presidente Javier Milei tras sus amenazas públicas de vetar leyes votadas por el Congreso y judicializar el funcionamiento del Senado.

“Tenemos un Gobierno que no entiende que en Argentina existe la división de poderes”, lanzó Fernández Sagasti tras la sesión del jueves pasado, donde se aprobaron leyes claves —como mejoras para jubilaciones, asistencia a provincias y emergencia para personas con discapacidad— con el respaldo de bloques opositores. La senadora también denunció intimidaciones digitales y amenazas de muerte contra legisladores que votaron en contra del oficialismo.

El intento de judicialización, una estrategia de disciplinamiento político
Milei calificó como “inválida” la sesión donde el Senado rechazó el veto presidencial a la ley de emergencia para Bahía Blanca, entre otras iniciativas. Pero Fernández Sagasti desarmó ese argumento con precisión legal: “Cada 24 de febrero el Senado realiza una sesión preparatoria donde se fijan las autoridades y los días de funcionamiento. Si se hace quórum en ese horario, el recinto puede funcionar con plena validez”.

La senadora recordó además que, durante la pandemia, la vicepresidenta Cristina Kirchner solicitó una declaración de certeza a la Corte Suprema para sesionar virtualmente y el máximo tribunal dejó en claro que no puede inmiscuirse en el reglamento interno de otro poder. Por eso, insistió en que la judicialización promovida por el oficialismo es improcedente y busca deslegitimar al Congreso como contrapeso institucional.

En este punto, apuntó contra el senador libertario Ezequiel Atauche, presidente de la comisión de Presupuesto, por impedir su funcionamiento pese a la mayoría dispuesta a sesionar: “Nunca se dio eso. Si la mayoría quiere una cosa no la podés impedir. De eso se trata la democracia”.

El Senado como freno al ajuste y la tensión con Villarruel
La legisladora también destacó el rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien presidió la sesión. Si bien reconoció su función institucional, remarcó: “Ella es parte del Ejecutivo. Su tarea es dirigir el debate, no condicionar su contenido. Si un senador presidiera, una provincia estaría por encima de las otras. Es constitucionalismo puro”.

Las iniciativas aprobadas en la Cámara alta apuntaron directamente contra aspectos sensibles del ajuste del Gobierno nacional. El rechazo al veto sobre Bahía Blanca, por ejemplo, expuso un creciente consenso transversal sobre la necesidad de atender emergencias locales frente a la indiferencia presidencial. Fernández Sagasti celebró el respaldo opositor y cuestionó el argumento de los “dialoguistas” que todavía justifican su apoyo en base al resultado electoral de 2023: “Los que pagan el costo son las personas”, sentenció.

Amenazas, discursos de odio y la doble vara judicial
La senadora también denunció públicamente una ola de amenazas en redes sociales contra senadores opositores, incluyendo publicaciones que incitan a la violencia y hacen apología de la represión. “Presentamos una denuncia penal contra tuiteros oficialistas que pedían que nos mataran. Al día siguiente, el Gordo Dan subió un video arriba de un tanque. Ampliamos la denuncia por ese hecho”, informó.

La situación expone una doble vara judicial: mientras algunos militantes sociales enfrentan causas por amenazas sin pruebas sólidas, voceros digitales del oficialismo actúan con impunidad. “¿Qué diferencia hay con las amenazas que denunció Espert, por las que hoy hay militantes presas?”, cuestionó la legisladora.

Octubre en el horizonte: ¿plebiscito o rendición de cuentas?
Mirando hacia las elecciones legislativas de octubre, Fernández Sagasti planteó que el Congreso se convertirá en un escenario decisivo para frenar o convalidar el modelo de ajuste. “Es momento de revisar qué se está votando en el Congreso y quiénes apoyan este modelo”, afirmó, trazando una línea clara entre representación popular y obediencia presidencial.

Lo que está en juego ya no es solo la aprobación de una ley, sino la vigencia de la democracia deliberativa frente a un Ejecutivo que deslegitima cualquier disenso. La amenaza de veto como instrumento político —y no institucional— revela un gobierno que, lejos de construir consensos, opta por el amedrentamiento, incluso hacia los propios poderes del Estado.

En ese marco, el Congreso aparece como un contrapeso en disputa, y el debate ya no se centra solo en reformas económicas, sino en la defensa activa del orden republicano frente a una deriva autoritaria que gana velocidad.