17 de mayo de 2026

Fentanilo contaminado: 76 muertes, laboratorios bajo la lupa y un sistema de control que hizo agua

El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación, reveló que el anestésico adulterado provino de los laboratorios Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., y que uno de los lotes falsificados tuvo una amplia circulación, con unas 45 mil ampollas aplicadas en distintos puntos del país.

La crisis por el fentanilo contaminado en Argentina ya dejó un saldo devastador: 76 muertes confirmadas y la advertencia judicial de que la cifra podría superar el centenar.

Según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), se logró detectar dos lotes contaminados: uno retirado antes de su uso y otro que llegó a pacientes, con consecuencias letales. Si bien hoy no hay ampollas adulteradas en circulación, el daño ya está hecho y la Justicia advierte que las víctimas podrían seguir apareciendo en los próximos días. “Esto no llegó a un techo. Desde el inicio pensamos en más de 100 víctimas”, dijo Kreplak, que calificó el expediente como “extenso, complejo y con múltiples aristas”.

En este contexto, la ANMAT emitió un comunicado que desnuda un costado aún más alarmante: el laboratorio HLB Pharma, involucrado en la causa, no cuenta con habilitación para producir, importar, exportar ni comercializar medicamentos. Formalmente inhibida, la firma carece incluso de Director Técnico registrado, un requisito básico para operar en el sector farmacéutico. “La inhibición tiene los mismos efectos que una clausura”, sostuvo el organismo, dejando en claro que la empresa estaba fuera de la ley.

El caso deja expuesta una falla sistémica en los mecanismos de control sanitario. Que un laboratorio sin habilitación ni responsable técnico figure en el circuito de producción y distribución de un opioide de alto riesgo, y que además logre introducir al mercado miles de ampollas contaminadas, habla de una cadena de negligencias y omisiones que no se explica solo con errores aislados.

Argentina, a diferencia de Estados Unidos, no enfrenta una epidemia de consumo ilegal de fentanilo, pero sí queda claro que carece de un sistema robusto para el seguimiento y trazabilidad de este tipo de medicamentos. La tragedia no solo pone bajo la lupa a los laboratorios implicados, sino también al Estado y a sus organismos de control, cuya inacción o debilidad permitieron que una sustancia crítica escapara a los filtros regulatorios y se convirtiera en veneno.

La investigación judicial deberá determinar responsabilidades, pero la crisis ya dejó en evidencia que el problema excede la adulteración puntual de un lote: es la radiografía de un sistema de control sanitario que, cuando más se lo necesitaba, falló.

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