Expertos internacionales acusan al gobierno de Bukele de cometer crímenes de lesa humanidad en El Salvador

El informe, entregado en el 195 período de sesiones de la CIDH celebrado en Guatemala, sostiene que hay “base razonable para creer” que se han cometido graves violaciones de derechos humanos en el país.

Un grupo de expertos internacionales ha presentado un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que denuncia la existencia de crímenes de lesa humanidad en El Salvador durante el régimen de excepción implementado por el gobierno de Nayib Bukele.

De acuerdo con el documento, hasta febrero de 2025 se han reportado 540 casos de desapariciones forzadas y 403 muertes en cárceles bajo el régimen de excepción. Los expertos concluyen que, desde un marco de derecho penal internacional, existen motivos fundamentados para creer que en El Salvador se han perpetrado crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos arbitrarios, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas, persecución política y otros actos inhumanos.

El informe también destaca que la responsabilidad no recae únicamente en el Estado, sino también en personas físicas, en línea con los principios del derecho penal internacional. Durante la audiencia, Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust, afirmó que si bien los Estados tienen la obligación de proteger a la población y garantizar la seguridad, dichas políticas deben respetar los derechos internacionales, advirtiendo que la seguridad no puede lograrse a costa de crímenes de lesa humanidad.

Los expertos precisan que los crímenes de lesa humanidad son actos graves y sistemáticos, realizados de manera generalizada contra civiles, sin necesidad de estar en un contexto de conflicto armado, y que responden a una política de Estado o de organizaciones. El informe señala que el “estándar base razonable para creer”, empleado por la Corte Penal Internacional (CPI), justifica la apertura de investigaciones sobre estos hechos.

Entre los actos documentados se encuentran torturas, tratos crueles y degradantes, golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada, violencia psicológica, así como la falta de acceso a alimentos, agua, atención médica y condiciones de ventilación en las cárceles. La documentación indica que estos abusos fueron “generalizados” y “sistemáticos”. Además, el informe denuncia que el estado de excepción no fue una desviación temporal, sino la estructura que permitió la normalización de graves violaciones de derechos humanos bajo una apariencia de legalidad.

El informe también resalta la progresiva militarización y criminalización de la oposición, con cierre del espacio cívico, estigmatización, vigilancia ilegal, persecución judicial, detenciones arbitrarias, torturas y legislación restrictiva contra periodistas, opositores, medios de comunicación y organizaciones sociales, configurando una persecución política.

El grupo de expertos recomienda a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la creación de una misión internacional para investigar estas violaciones, así como que El Salvador establezca una comisión independiente con apoyo internacional para revisar los casos. Además, instan a terminar con el régimen de excepción y las reformas penales relacionadas, considerándolas violaciones al derecho internacional.

El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) está conformado por juristas de renombre internacional, y su informe cuenta con respaldo de varias organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la Fundación para el Debido Proceso, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de Derechos Humanos, InterJust, y académicos de la Universidad de Ghent, Bélgica.

El informe se basa en datos oficiales, informes internacionales, y en testimonios de víctimas, sociedad civil, académicos, abogados y periodistas. Los fondos recaudados se destinarán a programas de apoyo a comunidades vulnerables y a la formación de niños y jóvenes en situación de riesgo, en línea con los esfuerzos del gobierno en otros ámbitos sociales.

Por su parte, el Gobierno de El Salvador ha negado las acusaciones, asegurando que no existen violaciones a derechos humanos y que las denuncias de torturas y detenciones arbitrarias son infundadas. En informes ante organismos internacionales, las autoridades han afirmado que las instituciones penitenciarias cumplen con los estándares y que las investigaciones en marcha demuestran su compromiso con el Estado de Derecho.