Espionaje ilegal: las centrales sindicales acusan a Javier Milei de reeditar prácticas de inteligencia del pasado autoritario
La acusación, impulsada por los dirigentes Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, surge tras la publicación de una investigación periodística que expuso documentos reservados con seguimientos detallados a movilizaciones completamente legales, entre ellas protestas de jubilados, actos culturales y actividades gremiales.
En un hecho de extrema gravedad institucional, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma presentaron este lunes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el titular de la ex SIDE, hoy Secretaría de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffert, por presuntas maniobras de espionaje ilegal sobre organizaciones sociales, políticas y sindicales.
Según lo revelado por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, los informes de inteligencia enumeran nombres de dirigentes, fechas y recorridos de marchas sin ninguna conexión con delitos ni amenazas a la seguridad nacional. De confirmarse su autenticidad y uso dentro de un marco ilegal, los hechos violarían abiertamente la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), así como los derechos constitucionales a la privacidad, la protesta y la participación política.
El escándalo pone bajo la lupa el funcionamiento del aparato estatal de inteligencia en la era Milei y abre una peligrosa pregunta: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para controlar y vigilar la disidencia social? La motosierra libertaria, que prometía barrer con los privilegios de la “casta”, parece estar apuntando ahora a las libertades civiles más básicas, en una reedición preocupante de lógicas de vigilancia que remiten a etapas oscuras de la historia argentina.
Las centrales obreras no se limitaron a denunciar: exigen saber si los seguimientos contaron con aval judicial. De no haberlo tenido, piden que se investigue la responsabilidad penal de todos los involucrados, incluyendo al propio Milei, por su rol como máxima autoridad del sistema de inteligencia. Además, solicitaron participar de la causa como querellantes, representando a los trabajadores y trabajadoras que pudieron haber sido víctimas del presunto espionaje.
La gravedad de la denuncia no puede subestimarse. Si el Gobierno efectivamente activó el aparato de inteligencia contra actores sociales por el solo hecho de manifestarse, estaríamos ante una ruptura del pacto democrático que, desde 1983, colocó límites precisos a la vigilancia estatal. No se trata solo de un posible delito: se trata de un retroceso institucional intolerable.
Mientras el oficialismo intenta justificar recortes y ajuste con el discurso del orden, lo que aquí se denuncia es otra cosa: la utilización del Estado para vigilar, fichar y perseguir a quienes piensan distinto. Si esa maquinaria se pone en marcha fuera de todo control judicial, el problema ya no es solo económico o social. Es un problema de democracia. Y frente a eso, callar sería conceder.
