Espionaje ilegal: declararon los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico
Este jueves confluyeron dos movimientos que reflejan la complejidad de la trama: los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico declararon como testigos, mientras que el abogado Franco Bindi intentó apartar al fiscal Carlos Stornelli, buscando frenar el avance de la pesquisa.
La causa por supuesto espionaje ilegal contra el Gobierno, originada en los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, atraviesa una etapa de máxima tensión judicial y política.
El trasfondo no es menor: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había denunciado la semana pasada una maniobra de “espionaje ilegal” para afectar al oficialismo en las elecciones de Buenos Aires. El caso quedó en manos del juez Julián Ercolini, quien delegó la instrucción en Stornelli, un fiscal con experiencia en expedientes de alto voltaje político, pero también con un historial de cuestionamientos que lo convierte en blanco fácil de recusaciones.
Los periodistas en el centro del expediente
Rial negó haber tenido participación en la difusión inicial de los audios y se despegó de cualquier maniobra mediática, recordando además que ya existía una cautelar que impedía a los medios difundir ese material. Federico, por su parte, admitió haber emitido los primeros audios en “Data Clave” y se comprometió a entregar copias completas a la Justicia, aunque ya había puesto a disposición de otro fiscal un pen drive con cincuenta registros de Spagnuolo.
Ambos testimonios revelan cómo la filtración se convirtió en un insumo judicial que rebota de un expediente a otro, en un circuito donde la frontera entre investigación periodística, operación política y prueba judicial se desdibuja.
El intento de recusación de Stornelli por parte de Franco Bindi abre un nuevo capítulo. El abogado, acusado por Bullrich de mantener vínculos con agentes de inteligencia “inorgánicos” y de articular una “maniobra golpista” junto a dirigentes políticos y operadores del fútbol, argumentó que ya había querellado al fiscal en el marco del “Operativo Puf”, derivado de la causa de los Cuadernos de las Coimas. Su estrategia apunta a instalar la sospecha de parcialidad de Stornelli y, en consecuencia, paralizar la investigación en un momento clave.
Una trama de poder y desconfianza
El expediente pone en evidencia el entrecruzamiento de intereses políticos, judiciales y mediáticos. La denuncia de Bullrich busca presentar a Bindi como un actor con capacidad de influir y manipular la información, mientras que la defensa del abogado apuesta a devolver la acusación contra el propio fiscal, debilitando su posición. En el medio, los periodistas quedan expuestos como intermediarios involuntarios o funcionales de una maquinaria que utiliza la filtración de audios para disputar poder.
Más allá de la veracidad de las imputaciones, la causa expone la fragilidad institucional frente a prácticas de inteligencia informal y la facilidad con que material sensible circula entre despachos judiciales, redacciones y operadores políticos. La investigación sobre coimas en la ANDIS se entrelaza ahora con una denuncia por espionaje ilegal, en un escenario donde cada paso parece responder menos a la búsqueda de verdad y más a la lógica de la disputa de poder.
