Espert evalúa pedir licencia como diputado: una maniobra para esquivar el costo político

Si Espert avanza con su licencia hasta diciembre, no será una muestra de responsabilidad institucional, sino la confirmación de que la política argentina todavía funciona bajo la lógica del “esconder el problema” en lugar de afrontarlo.

Acorralado por las revelaciones que lo vinculan con el empresario investigado por narcotráfico Fred Machado, José Luis Espert analiza pedir licencia en la Cámara de Diputados hasta el final de su mandato, el próximo 9 de diciembre.

La decisión, que en principio busca evitar un debate abierto sobre su eventual destitución, expone la fragilidad política de La Libertad Avanza y la incapacidad del oficialismo de gestionar un escándalo que amenaza con socavar su discurso moralista.

El movimiento no es menor: Espert ya había renunciado a encabezar la lista bonaerense de LLA-PRO y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, clave en la discusión del Presupuesto 2026. Ahora, su salida temporal del Congreso sería leída como una jugada defensiva para “esconder” el conflicto, como admiten incluso en la Casa Rosada, donde creen que una licencia “pondría paños fríos” y evitaría un debate de destitución que podría tener consecuencias más graves.

La estrategia revela un doble estándar. Espert construyó buena parte de su carrera política con un discurso de mano dura, de exigencia de transparencia y castigo a la corrupción. Sin embargo, frente al escándalo que lo involucra, el camino elegido no es dar explicaciones exhaustivas ni someterse al escrutinio legislativo, sino retirarse en silencio hasta que se cumpla su mandato. La licencia, en este sentido, no resuelve la cuestión ética de fondo: ¿puede un legislador bajo sospecha seguir cobrando su salario público mientras se “invisibiliza” para proteger a su fuerza política?

En paralelo, la convocatoria de Martín Menem a sesión para este miércoles promete un escenario de tensión. Allí se discutirá formalmente la salida de Espert de la Comisión de Presupuesto, junto con temas sensibles como el uso de DNU por parte del Ejecutivo y las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. La ausencia del economista en ese debate simboliza el costo político que LLA intenta minimizar, pero no borrar.

El caso Espert pone de relieve un problema más profundo: el sistema político argentino carece de mecanismos sólidos para separar, en tiempo y forma, a legisladores cuestionados por hechos de gravedad. La licencia es una salida administrativa, no una respuesta institucional. La oposición exige discutir la destitución, pero el oficialismo prefiere la estrategia del desgaste silencioso.