Escándalo en la ANDIS: investigan contratos millonarios con Suizo Argentina y crece la presión sobre el círculo íntimo de Milei
Con un volumen de contrataciones que superaría los 55.000 millones de pesos, la Justicia indaga si el mecanismo de compras de medicamentos estuvo manipulado para favorecer a la familia Kovalivker, histórica controlante de la empresa.
La investigación sobre más de 600 contratos entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina SA abre un nuevo frente de tormenta para el gobierno de Javier Milei. Según consignó la Agencia NA, el caso combina sospechas de sobreprecios, direccionamiento de licitaciones y el posible pago de coimas a funcionarios de alto rango.
La magnitud de los contratos y la reiteración del proveedor ponen en evidencia una concentración de negocios difícil de explicar solo por criterios técnicos. Desde 2017, el régimen de contratación directa habilita un margen de discrecionalidad que, según las hipótesis judiciales, podría haberse transformado en un canal de privilegios. Esta dinámica alimenta la percepción de que, lejos de romper con las viejas prácticas de connivencia entre poder político y grandes proveedores, la actual administración habría replicado –o incluso profundizado– mecanismos de corrupción estructural.
El expediente penal apunta a figuras centrales del oficialismo: Javier Milei, su hermana y secretaria general Karina Milei, el operador Eduardo “Lule” Menem y el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El hecho de que los audios filtrados mencionen directamente a Lule Menem y a Karina Milei vuelve explosiva la causa, ya que coloca en el radar judicial al círculo íntimo del presidente. En términos políticos, esto erosiona uno de los principales activos discursivos de La Libertad Avanza: la promesa de combatir la “casta” y la corrupción estatal.
El rol de la familia Kovalivker no es menor. Suizo Argentina es una de las droguerías más influyentes del mercado y la presunta trama de favores estatales refuerza la idea de que el sector farmacéutico opera en una zona gris donde las reglas del mercado quedan subordinadas a la capacidad de lobby. Si la Justicia lograra comprobar un circuito paralelo de sobornos, el caso podría convertirse en un emblema de cómo la política y los negocios se retroalimentan en perjuicio del interés público.
Más allá de la etapa procesal, lo cierto es que este escándalo desnuda contradicciones profundas: mientras el gobierno justifica recortes drásticos en salud y educación en nombre del equilibrio fiscal, miles de millones podrían haberse canalizado en contrataciones sospechadas de corrupción.
La combinación de ajuste social y negocios opacos no solo compromete la legitimidad ética del oficialismo, sino que también alimenta el descontento ciudadano frente a un Estado que exige sacrificios mientras se investiga a sus funcionarios por enriquecerse con fondos públicos.
