En la era Milei se destruyeron 300 puestos de trabajos por día en dos años

El modelo económico del gobierno de Javier Milei provocó la pérdida de doscientos cuarenta y dos mil puestos de trabajo registrados desde su inicio, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP). Esta cifra equivale a una destrucción diaria de trescientos diecisiete empleos de calidad durante los últimos dos años.

El cierre de la planta de Lamb Weston en Munro, con cien despidos, es solo el síntoma más reciente de una dinámica que los gremios denuncian como un asedio sistemático a la producción nacional.

El sector manufacturero lidera las estadísticas de desempleo con una tendencia decreciente que ya suma dos años. La apertura indiscriminada de importaciones y la ausencia de políticas de fomento para las pequeñas y medianas empresas han dejado a las fábricas en una situación de extrema vulnerabilidad.

Federaciones como la de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) advierten que este escenario no es accidental, sino el resultado de un esquema que prioriza la rentabilidad financiera y el ingreso de productos extranjeros sobre la estabilidad de la mano de obra local.

Cuentapropismo y precarización como refugio estadístico

A pesar de que las cifras oficiales celebran una estabilidad relativa en el índice de desempleo, el reporte del IIEP —dependiente de la UBA y el CONICET— aclara que este fenómeno se explica por el desplazamiento de trabajadores formales hacia el cuentapropismo y la informalidad.

Mientras el empleo asalariado privado cayó en ciento cincuenta y cuatro mil puestos desde noviembre de mil veintitrés, el número de monotributistas aumentó. Este traspaso representa una degradación del mercado laboral, donde el trabajador pierde derechos, estabilidad y acceso a una cobertura social integral.

La crisis laboral tiene un impacto directo y crítico en la sostenibilidad de las jubilaciones. En menos de un año, el sistema de seguridad social perdió casi setecientos mil aportantes. La combinación de despidos masivos y la reforma laboral —que condona multas a empleadores y reduce contribuciones patronales— genera un agujero fiscal que compromete los haberes previsionales. En términos analíticos, el Gobierno está rompiendo la base de recaudación del sistema solidario para financiar el superávit, trasladando el costo del ajuste a los trabajadores activos y a los jubilados.

Conflicto social y resistencia gremial

Ante la hostilidad del sector empresario, que elude pagos salariales y aguinaldos en firmas como Granja Tres Arroyos y Alijor, los sindicatos han iniciado un plan de lucha. La falta de diálogo y las ofertas salariales calificadas como irrisorias han llevado al estado de alerta en las principales cuencas industriales.

Las organizaciones gremiales sostienen que la estrategia oficial de sustituir el empleo registrado por formas precarias de contratación busca desarticular la capacidad de negociación colectiva y profundizar la transferencia de ingresos desde los sectores asalariados hacia el capital concentrado.