El ajuste presupuestario provocó que un tercio de las rutas nacionales se encuentren en mal estado
La combinación de desfinanciamiento intencional y el fomento de la gestión privada parece formar parte de un plan para desarticular el rol del Estado en la conectividad nacional, dejando las rutas libradas a su suerte.

La política de recorte extremo aplicada sobre Vialidad Nacional ha derivado en un deterioro acelerado de la infraestructura básica del país.
Según el último informe del Instituto Argentina Grande, el veintinueve por ciento de los caminos nacionales se encuentra actualmente en mal estado, una cifra que crece de manera alarmante mientras el Gobierno nacional mantiene paralizadas las tareas de mantenimiento preventivo.
Lo que se presenta como una búsqueda de equilibrio fiscal se traduce en la práctica en una red vial abandonada que ya registra consecuencias trágicas, como los accidentes fatales ocurridos en Entre Ríos a comienzos de este año.
Subejecución del impuesto a los combustibles y denuncia penal
Uno de los puntos más críticos del análisis revela una maniobra financiera cuestionable. El Estado Nacional apenas ejecutó el cuarenta y seis por ciento de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles, un tributo que por ley tiene una afectación específica para el mantenimiento de caminos.
La Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) ha denunciado penalmente al administrador del organismo, Marcelo Jorge Campoy, por malversación de fondos públicos. Se acusa a la gestión de desviar el dinero que los ciudadanos pagan al cargar nafta para financiar el superávit fiscal, en lugar de destinarlo a bacheo, señalización o seguridad.
Geografía del abandono y pérdida de competitividad
El relevamiento expone disparidades regionales alarmantes que afectan directamente la producción. En Tucumán, el sesenta por ciento de las rutas nacionales está en condiciones deplorables, seguido por Buenos Aires con un cincuenta y dos por ciento y Chaco con un cincuenta y uno por ciento.
Esta degradación no solo pone en riesgo la vida de los conductores, sino que encarece los costos logísticos y el transporte de alimentos. Expertos advierten que reparar una calzada destruida por falta de mantenimiento cuesta hasta diez veces más que realizar las tareas preventivas a tiempo, lo que convierte al ahorro actual en una deuda futura insostenible.
Privatización y emergencia vial
Mientras los gremios exigen la declaración de la emergencia vial y alertan sobre la falta de insumos básicos y personal especializado, el Ejecutivo avanza con la Red Federal de Concesiones. La entrega de tramos estratégicos como la Autovía del MERCOSUR a manos privadas es vista con escepticismo por los trabajadores, quienes sostienen que este modelo ya fracasó en décadas pasadas.
