El uso oficial de la cuenta de Milei en X complica su defensa en causas judiciales

La causa avanza y, con ella, se instala un debate urgente: ¿puede un Presidente actuar en redes como un ciudadano común sin rendir cuentas por las consecuencias de sus palabras? La justicia parece haber comenzado a responder.

Un dictamen del fiscal federal N.º 2 de La Plata, Oscar Julio Gutiérrez Eguía, podría marcar un antes y un después en la interpretación legal del accionar del presidente Javier Milei en redes sociales. Según el dictamen, la cuenta del mandatario en X (ex Twitter) no puede considerarse personal, sino que lo representa formalmente como Jefe de Estado.

La definición se da en el marco de una denuncia presentada por la familia de Ian Moche, un joven con autismo que fue públicamente hostigado por Milei en la misma plataforma.

Una cuenta institucional disfrazada de personal
El argumento central del fiscal gira en torno a un elemento técnico pero decisivo: la cuenta de Milei posee la tilde gris, distintivo que la red social X reserva exclusivamente para jefes de Estado y altos funcionarios de gobierno. Esto refuta el argumento sostenido por el propio Presidente y sus voceros, quienes en varias causas —incluyendo la investigación por la promoción de la criptomoneda $Libra— insisten en que sus publicaciones se hacen a título personal, y no como actos institucionales.

Este dictamen no solo socava una línea de defensa jurídica clave del Gobierno, sino que también sienta jurisprudencia sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el uso de plataformas digitales. Para el abogado de la familia Moche, Andrés Gil Domínguez, el fallo “impacta directamente” en la causa $Libra, donde Milei está siendo investigado por la difusión de un supuesto esquema fraudulento. El juez federal Alberto Recondo avaló el dictamen fiscal y ratificó que la causa debe tramitarse en la justicia federal.

Hostigamiento digital desde la cúspide del poder
La denuncia original que dio origen al dictamen fue presentada por la familia de Ian Moche luego de que el Presidente compartiera un mensaje donde lo acusaba falsamente de pertenecer al kirchnerismo y lo ubicaba en “el lado del mal”. Tras ese posteo, Ian —quien milita por los derechos de las personas con discapacidad— fue víctima de un acoso digital sistemático, que incluyó la difusión de su domicilio y el nombre de su escuela.

La madre del joven, Marlene Spesso, exigió en reiteradas oportunidades que Milei retirara la publicación. Al no recibir respuesta, se avanzó con acciones legales en busca de una medida autosatisfactiva. “Cada día que pasa, el agravio se profundiza”, advirtió Gil Domínguez. No obstante, la publicación sigue activa en la cuenta oficial del Presidente.

Un uso irresponsable del poder simbólico
El dictamen fiscal deja expuesto un problema más profundo: la confusión deliberada entre lo personal y lo institucional por parte del propio Presidente. Milei ha hecho de su cuenta de X un canal central de comunicación política, pero evita asumir las responsabilidades legales que eso conlleva. El fallo, en ese sentido, le impide escudarse en la figura del ciudadano para evadir las consecuencias del Presidente.

Este episodio revela cómo el ecosistema digital se ha convertido en una extensión del poder político, y también en un espacio donde los límites de la legalidad y la ética son puestos a prueba. En este caso, el dictamen del fiscal Gutiérrez Eguía podría significar un punto de inflexión: no todo lo que se publica desde una cuenta personal es ajeno a la investidura presidencial. Especialmente cuando se utiliza para atacar a un adolescente con discapacidad.