El Senado avaló la caída del Estatuto del Periodista tras la presión de las principales empresas del sector
En términos políticos, la votación también reflejó la sintonía entre el oficialismo y las principales empresas de medios en torno a la agenda de flexibilización. Según trascendió, representantes empresariales mantuvieron reuniones previas con la ministra Patricia Bullrich para expresar su respaldo editorial a la reforma.
La media sanción en el Senado de los artículos de la reforma laboral que derogan el Estatuto del Periodista dejó expuesta una disputa que trasciende lo normativo: la puja entre sindicatos y grandes grupos de medios por el modelo de contratación y el costo de los despidos en la actividad.
Pese a la campaña impulsada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) —que incluyó movilizaciones, una solicitada con más de 3.000 firmas y respaldo de figuras públicas—, 40 senadores aprobaron los cambios que eliminan el régimen especial y modifican condiciones clave de contratación.
El respaldo legislativo se produjo luego de que las principales cámaras empresarias del sector enviaran una nota a los senadores solicitando expresamente la derogación del Estatuto, con especial énfasis en la eliminación de la indemnización agravada por despido. Entre las entidades firmantes se encuentran la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires —que nuclea a medios como La Nación, Clarín, Perfil, Crónica, El Cronista y Página/12— y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que también integra a Infobae y otros grupos relevantes.
El punto central del reclamo empresario es la supresión de la indemnización especial prevista en el Estatuto, un mecanismo que encarece los despidos. Si bien en el dictamen original esa derogación entraba en vigencia de inmediato tras la promulgación de la ley, la presión sindical logró introducir una modificación: se fijó un plazo hasta el 1 de enero de 2027 para negociar un nuevo estatuto o convenio colectivo. Si no hay acuerdo, el régimen actual caerá automáticamente, junto con sus protecciones específicas.
Además de las indemnizaciones agravadas, la reforma impacta sobre otros aspectos: amplía el período de prueba de uno a seis meses —durante los cuales el empleador puede despedir sin pagar indemnización— y elimina la presunción de relación de dependencia para colaboradores que superen cierto volumen de notas anuales, un punto sensible en un sector atravesado por la tercerización y el trabajo freelance.
El argumento empresarial, en línea con la narrativa oficial sobre flexibilización laboral, sostiene que las rigideces contractuales y los costos de desvinculación dificultan la generación de empleo formal, especialmente en medios pequeños y del interior. Para reforzar esa posición, las cámaras citaron datos atribuidos al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) según los cuales una porción significativa de medios locales no emplea periodistas en relación de dependencia.
Sin embargo, desde los sindicatos advierten que la reforma no apunta a resolver la precarización sino a facilitar despidos en grandes conglomerados. El secretario general del Sipreba, Agustín Lecchi, sostuvo que el objetivo real es eliminar la indemnización especial y alertó sobre un eventual escenario de despidos masivos. A su entender, la reforma no moderniza el sector sino que debilita su marco de protección histórica.
