El ocaso de Karikal en Córdoba: el vertiginoso tránsito de la expansión al preventivo de crisis

Este giro dramático no solo pone en vilo a 90 familias, sino que desnuda las consecuencias de una apertura comercial que, en la práctica, parece operar como un mecanismo de selección negativa para la manufactura nacional.

La situación de la empresa Karikal en San Francisco representa un caso testigo de la fragilidad industrial frente al cambio de paradigma económico. En apenas un trimestre, la firma pasó de proyectar una inversión millonaria y la apertura de una planta en el exterior a solicitar formalmente un Procedimiento Preventivo de Crisis.

Desde un análisis estructural, el declive de una empresa con 60 años de trayectoria no puede explicarse únicamente por la gestión interna, sino por la alteración radical de las condiciones de competencia. La combinación de una demanda doméstica en retracción y una política de importaciones sin salvaguardas coloca a los productores locales en una asimetría insalvable.

Como señala la propia patronal, el denominado costo argentino y la carga impositiva interna se vuelven lastres determinantes cuando se debe competir contra bienes extranjeros que ingresan al mercado sin las mismas exigencias productivas ni sociales.

La postura del Gobierno nacional, que reconoce y justifica la pérdida de empleos industriales en pos de una supuesta baja de precios para el consumidor, plantea una disyuntiva ética y económica profunda.

El caso de Karikal demuestra que la destrucción de puestos de trabajo calificados y de una cadena de valor con seis décadas de historia es un proceso veloz, cuya reversión suele ser incierta o imposible. El sacrificio de la producción local en el altar del consumo barato ignora el impacto del desempleo en el consumo mismo, generando un círculo vicioso de recesión.

La próxima instancia en el Ministerio de Trabajo será clave para determinar si el Procedimiento Preventivo de Crisis logra su objetivo de preservar las fuentes laborales o si se convierte en la antesala de un cierre definitivo. Lo que queda claro en el escenario cordobés es que la industria del mueble y la construcción atraviesan un punto de inflexión donde la eficiencia privada no parece ser suficiente ante la ausencia de una política pública que proteja el trabajo nacional.