El Gobierno se prepara para la eliminación de Vialidad Nacional: 10,000 empleos en riesgo

La falta de claridad sobre los planes del gobierno dejó a los empleados públicos en un estado de angustia e incertidumbre. A medida que se acerca la fecha de implementación de este decreto, la sociedad argentina se pregunta: ¿realmente es sostenible un país sin un organismo que garantice la seguridad y el mantenimiento de sus rutas? La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro de la infraestructura y el empleo en Argentina.

El gobierno de Javier Milei ha anunciado su intención de eliminar Vialidad Nacional y otros organismos clave para la infraestructura del país mediante un decreto.

Esta decisión, que se enmarca dentro de lo que el propio presidente ha denominado «la motosierra», pone en riesgo aproximadamente 10,000 puestos de trabajo en el sector público, justo en un momento crítico en el que Vialidad Nacional se encuentra trabajando arduamente en la construcción de un puente en la Ruta 3, afectada por un reciente temporal.

La paradoja es evidente: mientras los trabajadores de Vialidad Nacional luchan para restablecer la conectividad de regiones enteras, el gobierno planea desmantelar la entidad que ha sido fundamental en la integración territorial de Argentina. Este organismo no solo es responsable de la construcción y mantenimiento de rutas, sino que también es cuna de ingenieros y proyectistas, cuya labor ha sido vital para el desarrollo del país.

Según informes de medios afines al gobierno, como La Nación, Vialidad Nacional no solo cambiará su estructura, sino que se fusionará con otras entidades como Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dando lugar a una nueva agencia que asuma la responsabilidad sobre las rutas nacionales. Sin embargo, este movimiento ha generado preocupación en diversos sectores, que ven en esta decisión un desmantelamiento del Estado y un abandono de las funciones esenciales que debería cumplir.

El impacto de esta medida es preocupante. Con 5,304 empleados en Vialidad Nacional y un total de 10,000 trabajadores afectados en las distintas entidades, el futuro laboral de miles de familias argentinas se encuentra en la cuerda floja. La reducción del personal en la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Corredores Viales, que ya ha sufrido recortes significativos en los últimos años, añade un nivel de incertidumbre adicional a esta situación.

Las voces críticas han comenzado a alzarse, cuestionando la viabilidad de un país que decide prescindir de sus herramientas fundamentales para garantizar la seguridad y el desarrollo de su infraestructura vial. La eliminación de Vialidad Nacional representa no solo un ataque a los derechos laborales de miles de trabajadores, sino también un retroceso en la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población.