El Gobierno santafesino retrocede con las sanciones y busca desactivar la crisis policial
Por ahora, la normalización plena del servicio es la condición impuesta por el Ejecutivo para avanzar. La incógnita es si la oferta, aún pendiente de formalización por escrito, alcanzará para cerrar una crisis que puso en evidencia no sólo el malestar salarial, sino también el desgaste interno de una fuerza sometida a alta presión operativa y social.
En medio de una de las tensiones más delicadas para la gestión provincial, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó que los policías que habían sido pasados a disponibilidad tras las protestas salariales podrán recuperar sus cargos si se reincorporan de inmediato al servicio.
La decisión, comunicada en conferencia de prensa, representa un gesto político orientado a recomponer la cadena de mando y, al mismo tiempo, abrir una ventana de negociación.
“Les pido que ya se presenten, tomen el arma, el chaleco y se reintegren al servicio ordinario”, exhortó el funcionario, dejando en claro que el Gobierno condiciona el diálogo a la normalización del patrullaje. La estrategia oficial combina firmeza institucional —al exigir operatividad plena como requisito— con señales de distensión, al revertir las sanciones disciplinarias.
El conflicto salarial, que incluyó acuartelamientos y protestas como el “sirenazo” frente a la Unidad Regional II en Rosario, expuso la fragilidad de un esquema en el que la fuerza carece de representación gremial formal, lo que dificulta identificar interlocutores y canalizar demandas. Cococcioni reconoció esa complejidad y sostuvo que nunca se negaron a dialogar, pero que no podían permitir que la seguridad quedara supeditada a la negociación.
Desde el Ejecutivo provincial subrayaron que, pese a las medidas de fuerza, el nivel de operatividad se mantuvo entre el 80 y el 90 por ciento, con apoyo de fuerzas federales. El mensaje buscó transmitir control de la situación en una provincia atravesada por altos índices de violencia, donde la seguridad es un eje central de la agenda pública.
En el plano salarial, el reclamo apunta a que el escalafón más bajo alcance el costo de la canasta básica. Actualmente, según recibos difundidos por los propios efectivos, un agente con más de una década de antigüedad percibe poco más de $1.140.000 de bolsillo, mientras que el pedido sectorial eleva el básico a $1.900.000. El ministro de Economía, Pablo Olivares, adelantó que se evalúa garantizar un ingreso no inferior al valor de la canasta básica del Indec para quienes portan armas y cumplen jornadas de 48 horas o más, reconociendo la “alta carga horaria y el estrés” de la función.
El Gobierno admite que el planteo es “atendible” y que la fuerza policial enfrenta exigencias superiores al promedio de la administración pública, especialmente tras años marcados por más de 400 homicidios dolosos anuales en la provincia. Sin embargo, el equilibrio fiscal y la equidad interna dentro del sector estatal aparecen como límites a cualquier recomposición diferencial.
El trasfondo del conflicto revela una tensión estructural: la necesidad de fortalecer a la policía en un contexto de crisis de seguridad, sin desbordar las cuentas públicas ni abrir una negociación corporativa sin canales institucionales claros. La decisión de levantar las disponibilidades y vincular la mejora salarial a un indicador objetivo como la canasta básica sugiere un intento de encauzar el conflicto hacia una salida técnica antes que política.
