El Gobierno relativizó el reclamo sanitario y atribuyó motivaciones políticas a la Marcha Federal por la Salud
Desde el Ministerio de Salud insistieron en que no existe un ajuste, aunque reconocieron una política orientada a “optimizar recursos”, mientras las protestas reflejan el deterioro que denuncian hospitales y profesionales en distintos puntos del país.
En medio del creciente malestar de trabajadores, pacientes y organizaciones vinculadas al sistema sanitario, el Gobierno nacional salió a desacreditar la Marcha Federal por la Salud y rechazó las denuncias sobre un presunto desfinanciamiento del sector.
El secretario de Gestión Sanitaria, Saúl Flores, sostuvo que la movilización tiene un “tinte netamente político” y vinculó la convocatoria con sectores opositores. Según argumentó, la protesta excede el reclamo sanitario y forma parte de una estrategia política más amplia.
Las declaraciones se produjeron en la antesala de una jornada nacional impulsada por sindicatos, trabajadores de la salud, pacientes y organizaciones sociales, quienes vienen alertando sobre recortes presupuestarios, falta de insumos y el deterioro de hospitales públicos.
Pese a las críticas del sector, Flores negó que exista un recorte en el financiamiento sanitario y defendió la política oficial al señalar que se está llevando adelante una “reconfiguración basada en la eficiencia”. En esa línea, sostuvo que el ahorro en la administración de recursos permitió incrementar partidas en áreas sensibles del sistema de salud.
Como ejemplo, mencionó inversiones realizadas en el Hospital Garrahan, donde —según explicó— se destinaron $30 mil millones producto de una mejor administración presupuestaria. También aseguró que durante 2025 se asignaron más de $136 mil millones para atención de pacientes, cifra que representaría un aumento del 66% respecto del año anterior.
Sin embargo, mientras el Gobierno destaca números globales y criterios de eficiencia, desde distintos sectores sanitarios advierten que la situación cotidiana en hospitales y centros de atención refleja otra realidad: salarios retrasados, servicios sobrecargados y dificultades crecientes para sostener prestaciones básicas.
En otro tramo de sus declaraciones, el funcionario apuntó contra la administración bonaerense por las deudas acumuladas con los hospitales SAMIC, cuyo financiamiento es compartido entre Nación y provincias. Según detalló, la mora alcanzaría los $644.700 millones, un dato que agrega tensión al debate sobre el estado actual del sistema público de salud y la distribución de responsabilidades entre los distintos niveles del Estado.
