El Gobierno propone cambiar el sistema de aranceles de discapacidad y elimina el esquema de valores únicos
La discusión recién comienza, el punto central será determinar si el nuevo esquema logra combinar mayor flexibilidad financiera con garantías efectivas de cobertura o si, como advierten sectores del área, la descentralización de los aranceles termina trasladando el peso del ajuste hacia prestadores, obras sociales y familias.
El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional incorpora modificaciones sustanciales al régimen de prestaciones para personas con discapacidad y vuelve a abrir una fuerte disputa política con el sector, que advierte sobre el impacto que podría tener el nuevo esquema de financiamiento.
Uno de los puntos centrales aparece en el artículo 39 de la iniciativa, que propone modificar el artículo 7° bis de la Ley 24.901, referido a los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad.
La normativa vigente establece que los valores de esas prestaciones deben ser iguales para las personas jurídicas obligadas por la ley. Ese mecanismo funciona como referencia común para el financiamiento de los servicios destinados a las personas con discapacidad.
El proyecto oficial plantea modificar ese criterio. Según el texto presentado por el Ejecutivo, el nomenclador dejaría de establecer valores universales y cada entidad obligada determinaría los aranceles en su relación con los prestadores, aunque debería respetar un piso mínimo de calidad, oportunidad y adecuación de las prestaciones.
La modificación introduce un cambio relevante en la lógica del sistema. En lugar de sostener un valor de referencia uniforme para las prestaciones, la propuesta contempla que los montos puedan variar según la jurisdicción, sus costos, la estructura prestacional y las capacidades financieras existentes.
El Gobierno argumenta que esta modificación permitiría mantener la universalidad de la atención sin imponer necesariamente los mismos valores de financiamiento en todo el país.
La diferencia no es menor. El nomenclador actualmente vigente establece valores comunes y contempla actualizaciones periódicas. De hecho, durante 2026 el Ejecutivo implementó actualizaciones vinculadas al Índice de Precios al Consumidor y mantuvo, entre otras disposiciones, un adicional del 20% para las prestaciones realizadas en la zona patagónica.
El nuevo diseño propuesto desplaza parte de esa uniformidad hacia cada entidad obligada, que tendría mayor margen para definir los valores que paga a los prestadores.
La discusión se produce en un área especialmente sensible, donde los valores reconocidos por las obras sociales, prepagas y organismos estatales inciden directamente sobre la capacidad de los prestadores para sostener servicios de rehabilitación, atención médica, transporte, apoyo educativo, internaciones y otras prestaciones.
El interrogante que plantea el sector es cómo garantizar un acceso efectivo y de calidad si los valores dejan de estar determinados por un parámetro nacional común.
La modificación, sin embargo, no elimina la obligación de garantizar las prestaciones. El proyecto establece que deberá existir un piso mínimo común de atención y que deberán respetarse los estándares de calidad y los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por eso, el eje de la controversia no pasa solamente por la existencia de las prestaciones, sino por quién fija sus valores, bajo qué criterios y con qué capacidad de financiamiento.
El proyecto establece un tratamiento diferente cuando el obligado sea el Estado nacional.
En esos casos, los aranceles serían determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, a propuesta del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas.
Si esa actualización no se concreta dentro del período correspondiente, el Ministerio de Salud debería establecer los valores tomando como referencia la variación del IPC publicado por el INDEC.
La propuesta llega después de que el propio Gobierno implementara durante 2026 un mecanismo de actualización periódica del nomenclador. La Secretaría Nacional de Discapacidad había anunciado en febrero un esquema de actualización mensual vinculado al IPC, con el argumento de otorgar mayor previsibilidad y sostenibilidad al sistema.
La discusión sobre el nomenclador se inscribe en una disputa más amplia por la política de discapacidad del Gobierno de Javier Milei.
Mientras el Ejecutivo sostiene que busca ordenar y hacer sostenible el sistema, organizaciones y sectores vinculados a las prestaciones cuestionan que los cambios presupuestarios puedan trasladar mayores dificultades financieras a los prestadores y, eventualmente, afectar la continuidad de los servicios.
El tema llega al Congreso en paralelo con el debate sobre la continuidad de la emergencia nacional en discapacidad.
La discusión legislativa adquiere así una dimensión central: mientras algunos bloques buscan extender las medidas de emergencia, el proyecto presupuestario propone modificar aspectos estructurales del sistema de prestaciones.
La modificación del régimen de discapacidad forma parte de un proyecto presupuestario que tiene como eje el sostenimiento del superávit fiscal. La iniciativa contempla para 2027 un crecimiento del PBI del 4% y una inflación anual proyectada del 18%.
En ese marco, el debate sobre discapacidad vuelve a poner frente a frente dos criterios que el Congreso deberá discutir: por un lado, la búsqueda de un esquema fiscal sostenible; por otro, la necesidad de garantizar la continuidad y calidad de prestaciones que resultan esenciales para miles de personas.
