Bullrich cuestionó los cambios en Discapacidad y desnudó una grieta en la coordinación política del Gobierno
Ahora la discusión se trasladará a Diputados, donde deberá definirse el alcance definitivo de las modificaciones antes de que el proyecto llegue al Senado. El resultado de ese debate permitirá medir hasta qué punto el oficialismo logra ordenar internamente una cuestión que ya generó cuestionamientos dentro de sus propias filas.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado admitió que desconocía las modificaciones incorporadas al Presupuesto 2027 y advirtió que la falta de información dentro de la propia conducción oficialista “resiente las relaciones”.
El episodio vuelve a poner en discusión el nivel de coordinación entre el Ejecutivo y sus bancadas en el Congreso.
La discusión por las modificaciones vinculadas a la Ley de Discapacidad incorporadas al proyecto de Presupuesto 2027 abrió un nuevo frente de tensión dentro de La Libertad Avanza.
Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista en el Senado, reconoció públicamente que no había sido informada sobre los cambios, pese a formar parte de la mesa política del Gobierno.
“Soy jefa de la bancada y no me enteré”, sostuvo Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia, en una crítica que excedió el contenido específico de la iniciativa y puso el foco en el funcionamiento interno del oficialismo.
Para la senadora, que una modificación de esta magnitud llegue al Congreso sin haber sido anticipada a quienes deberán defenderla legislativamente genera un problema político que puede repercutir en la relación entre el Ejecutivo y sus propios legisladores.
Entre los cambios incorporados al Presupuesto aparecen la eliminación del artículo 7 bis, que contemplaba una actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores de discapacidad de acuerdo con la inflación, y una modificación del esquema del nomenclador único.
De avanzar esta última propuesta, las obras sociales y empresas de medicina prepaga podrían establecer sus propios aranceles en lugar de regirse por un valor común.
La incorporación de estas disposiciones se produce, además, en un escenario en el que el tema ya era objeto de discusión parlamentaria. Bullrich señaló que existían debates en las comisiones de Diputados y que se había alcanzado un entendimiento político entre sectores del oficialismo y la oposición para abordar la problemática.
En ese contexto, cuestionó que los cambios aparecieran dentro del proyecto presupuestario sin haber sido comunicados previamente a la conducción legislativa de La Libertad Avanza.
El episodio adquiere una dimensión adicional porque el Presupuesto deberá atravesar ambas cámaras y el Senado tendrá el papel de cámara revisora. Bullrich anticipó que el bloque esperará a conocer qué texto llega desde Diputados antes de fijar una posición definitiva, mientras reconoció que la discusión puede ser particularmente compleja.
La crítica de la senadora también revela una tensión más profunda: la distancia entre la toma de decisiones dentro del Ejecutivo y quienes tienen la responsabilidad de convertir esas decisiones en acuerdos parlamentarios.
“Uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. Yo no sabía”, señaló Bullrich, al describir el costo político que puede generar para los legisladores defender medidas de las que no fueron previamente informados.
Más allá del contenido de las modificaciones, el episodio deja planteado un interrogante sobre los mecanismos de coordinación política del Gobierno con sus propias bancadas.
La advertencia de Bullrich —“eso resiente un poco las relaciones”— refleja que el conflicto no se limita al debate sobre discapacidad: también expone las dificultades del oficialismo para articular una estrategia legislativa uniforme cuando las decisiones del Ejecutivo no son compartidas o comunicadas de manera anticipada a sus representantes en el Congreso.
