16 de mayo de 2026

El Gobierno oficializó la baja temporal de retenciones para los principales granos

La resolución, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, responde a un reclamo del sector productivo, que había solicitado una revisión de los derechos de exportación debido a la caída de los precios internacionales de los commodities.

El Gobierno argentino formalizó este lunes una medida para la baja temporal de las retenciones a los principales granos, a través del Decreto 38/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La reducción de las retenciones busca generar «condiciones favorables para la producción y el comercio exterior», con el objetivo de fortalecer la estabilidad macroeconómica y potenciar el desarrollo del sector productivo nacional, según se detalla en el decreto.

El ajuste incluye una disminución de las alícuotas de las retenciones a diversos granos. Así, la soja verá una baja de 33% a 26%, los derivados sojeros pasarán del 31% al 24,5%, y el maíz y el trigo tendrán una reducción del 12% al 9,5%. De igual manera, la cebada y el sorgo también verán la misma baja, mientras que el girasol tendrá una disminución de 7% a 5,5%. La medida se extenderá al menos hasta el 30 de junio de 2025.

Además, las economías regionales, como el azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco y arroz, experimentarán una baja en sus alícuotas hasta el 0%, en un esfuerzo por aliviar las dificultades que atraviesan estos sectores.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó en una conferencia de prensa el viernes que, aunque la medida no puede ser permanente debido a la falta de recursos, el Gobierno tiene la intención de eliminar de manera definitiva las retenciones a las economías regionales en el futuro cercano. «El Presidente siempre ha dicho que el campo era una prioridad, y estas medidas vienen a respaldar esas promesas», indicó Caputo.

Sin embargo, el ministro aclaró que una eliminación total y permanente de las retenciones a los principales granos requeriría un superávit de u$s8 mil millones, una cifra que actualmente no se encuentra disponible en las arcas del Estado. A pesar de esta limitación, el Gobierno reafirmó su compromiso de continuar con políticas que favorezcan al sector productivo y a las economías regionales.

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