El Gobierno negó una intervención en la AFA
Sin embargo, aunque el funcionario negó cualquier iniciativa desde el Poder Ejecutivo, reconoció que existen otros caminos posibles que no dependen de la Casa Rosada y que podrían desembocar en una intervención judicial.
El director de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, aseguró que “nadie está pensando” en intervenir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un intento por desactivar las versiones que circularon tras el enfrentamiento público entre el Gobierno y el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.
Vítolo explicó que la AFA, como asociación civil radicada en la Ciudad de Buenos Aires, puede ser intervenida bajo distintos escenarios previstos por la legislación. El primero sería a través de la propia IGJ, si detectara violaciones graves al estatuto o a las normas vigentes. Pero el funcionario descartó de plano esa opción: dijo que la dependencia no está estudiando ninguna medida y que el ministro de Justicia tampoco evalúa avanzar en esa dirección.
Aun así, la aclaración no despeja del todo las suspicacias. El propio Vítolo mencionó otros dos escenarios que “escapan al Poder Ejecutivo”: una intervención ordenada por la Justicia Penal en el marco de causas por presunto lavado dentro de la AFA, o una intervención civil solicitada por clubes o asociaciones afiliadas que consideren en riesgo la administración de la entidad. Ambos supuestos, aunque hipotéticos, mantienen abierta la posibilidad de un conflicto institucional más profundo.
La insistencia del Gobierno en recalcar que no evalúa intervenir contrasta con la tensión política que rodea al fútbol argentino desde hace meses. Las fricciones con Tapia, las críticas oficiales a la dirigencia y las disputas por la sede y el marco regulatorio alimentaron un clima enrarecido que, pese a las negativas formales, sigue generando dudas.
Además, Vítolo confirmó que la AFA continúa bajo la órbita de la IGJ, más allá de la votación interna que anunció su mudanza fuera de esa jurisdicción. Con esta afirmación, el Gobierno deja claro que mantiene capacidad regulatoria sobre la entidad, un dato que suma un matiz adicional al debate.
La declaración de que “nadie está pensando” en intervenir puede buscar calmar el escenario político, pero el reconocimiento de posibles vías judiciales muestra que la cuestión dista de estar cerrada. La disputa entre el Gobierno y la AFA avanza así en un terreno donde el fútbol, la institucionalidad y la confrontación política se entrelazan cada vez más.
