El Gobierno impulsa el traspaso del fuero laboral a CABA y desata denuncias de “colonización” judicial

El proceso aún debe atravesar la aprobación del Congreso y la ratificación de la Legislatura porteña. Pero el debate ya está instalado: más que un simple paso en la reorganización judicial, la iniciativa es interpretada como una redefinición del terreno donde se dirimen las tensiones del mundo del trabajo.

En paralelo al debate y la media sanción de la reforma laboral en el Senado, el Gobierno nacional avanzó con otro movimiento de alto impacto institucional: el envío al Congreso de un proyecto para transferir la Justicia Nacional del Trabajo con sede en la Ciudad de Buenos Aires al ámbito porteño.

La decisión, presentada como un paso en la autonomía local, es leída por sectores sindicales y especialistas como una jugada estratégica para reconfigurar el equilibrio histórico del fuero laboral.

El acuerdo prevé un traspaso “progresivo” de la competencia material y funcional de los juzgados nacionales del trabajo y, en esta primera etapa, de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Si bien se mantiene la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos previstos por la Constitución, la función revisora en el ámbito local quedaría en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Formalmente, el esquema excluye materias sensibles que seguirán bajo órbita nacional —como los litigios donde interviene el Estado Nacional, las causas vinculadas a asociaciones sindicales o a la seguridad social— y contempla un régimen transitorio para evitar disrupciones: las causas en trámite continuarían en la Justicia Nacional hasta su resolución y los nuevos expedientes pasarían al fuero porteño una vez operativo el traspaso.

Sin embargo, detrás del andamiaje técnico se libra una discusión política de fondo. Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros espacios gremiales se advierte que la iniciativa podría debilitar un fuero históricamente identificado con la protección de los derechos laborales. Para el abogado laboralista Daniel Ghiraldo, el objetivo sería “la destrucción del fuero nacional del trabajo” y una “estrategia de colonización” por sectores más cercanos al empresariado y a grandes corporaciones.

En la Federación Judicial Argentina (FJA) conviven miradas más matizadas. Su titular, Matías Fachal, sostuvo que el acompañamiento dependerá de que el traspaso esté respaldado por presupuesto y recursos suficientes. El dirigente reconoció, no obstante, que “a nadie se le escapa la utilización política” del proceso, aunque también lo enmarcó como una deuda pendiente de la autonomía porteña.

El Gobierno se compromete a transferir recursos humanos, materiales y presupuestarios, garantizando la estabilidad y la intangibilidad salarial del personal judicial. Pero el verdadero interrogante no es administrativo sino estructural: ¿qué modelo de justicia laboral emergerá de este rediseño?

En un contexto donde la reforma laboral apunta a modificar reglas de contratación y a redefinir el alcance de derechos colectivos, el traspaso del fuero aparece como una pieza complementaria. La crítica sindical sugiere que no se trata solo de descentralización administrativa, sino de una disputa por la orientación doctrinaria y política de los tribunales que dirimen conflictos entre trabajadores y empleadores.