El Gobierno entrega AySA al mercado: el agua, de derecho humano a negocio privado

Lo que hoy se presenta como un paso hacia la modernización puede terminar siendo una nueva transferencia de recursos estratégicos al mercado, a costa de los usuarios. En otras palabras, el agua —fuente de vida— está a punto de ser transformada en mercancía.

El Gobierno decidió avanzar con la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una empresa que garantiza el acceso al agua potable y al saneamiento a millones de personas en el área metropolitana. La medida, formalizada a través de la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, da inicio a un proceso de venta que se completaría en apenas ocho meses.

El argumento oficial es conocido: el Estado es ineficiente, no puede sostener las inversiones necesarias y el sector privado lo hará mejor. Con esa lógica, se instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a contratar un banco estatal para tasar las acciones y ponerlas en el mercado, dejando solo un 10% en manos de los trabajadores bajo el programa de propiedad participada.

Detrás de la jerga técnica, lo que se pone en juego es mucho más que una operación financiera: es el control de un servicio esencial. El agua, declarado por la ONU como un derecho humano, pasará a ser administrado bajo criterios de rentabilidad y no de equidad social. Y cuando un recurso vital se subordina a la lógica del negocio, las consecuencias suelen ser claras: aumento de tarifas, desinversión en zonas menos rentables y profundización de las desigualdades en el acceso.

El oficialismo justifica la privatización repitiendo viejos dogmas que ya demostraron sus límites en la historia argentina. No es casual que la gestión privada del agua, en distintas latitudes, haya terminado en conflictos sociales y en reestatizaciones forzadas. Se privatizan las ganancias, pero las pérdidas y los costos de expansión suelen volver a recaer sobre el Estado.

La decisión de vender AySA no es un acto administrativo aislado, sino una definición de modelo de país: uno donde los bienes públicos y los servicios básicos dejan de ser una herramienta de política social para convertirse en activos financieros. Un Estado que renuncia a garantizar derechos en nombre de la “eficiencia” es un Estado que se retira de sus responsabilidades más elementales.