El Gobierno endurece su política migratoria y habilita el arancelamiento en salud y educación para extranjeros

Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, el Gobierno nacional introdujo profundas modificaciones a la Ley 25.871, que regula la política migratoria en Argentina.

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, representa un giro restrictivo en el enfoque migratorio del Estado, con impactos directos en el acceso de las personas extranjeras a derechos fundamentales como la salud y la educación.

El texto establece un nuevo marco que endurece las condiciones de admisión, permanencia y naturalización de los migrantes, al tiempo que abre la puerta al arancelamiento del sistema sanitario nacional y permite a las universidades estatales cobrar por la educación a los extranjeros sin residencia permanente.

Una política de «puertas entreabiertas»
Uno de los cambios centrales tiene que ver con la redefinición de las categorías migratorias y las condiciones de permanencia en el país. La Dirección Nacional de Migraciones concentrará más poder en la evaluación y otorgamiento de residencias, que ahora tendrán mayor condicionalidad.

En este sentido, se establece que la residencia precaria no constituirá un derecho adquirido, ni podrá ser utilizada como vía para obtener la residencia permanente o la ciudadanía por naturalización. Esta residencia transitoria tendrá una duración máxima de 90 días y su renovación estará sujeta a criterios estrictos.

El decreto refuerza además el control sobre antecedentes penales y la solvencia económica de los solicitantes, condiciones que podrían ser usadas para limitar o rechazar el ingreso o permanencia de migrantes, según alertan sectores académicos y organizaciones de derechos humanos.

Acceso condicionado a la salud y la educación
Uno de los puntos más controvertidos del DNU es la posibilidad de arancelar el acceso a la salud pública. Aunque garantiza la atención en casos de emergencia para todos, sin importar su estatus migratorio, el texto especifica que fuera de esas situaciones los extranjeros deberán contar con un seguro de salud o abonar el servicio previamente.

En cuanto a la educación, el decreto mantiene la gratuidad de los estudios primarios y secundarios sin discriminación, pero restringe la gratuidad de la educación superior a ciudadanos argentinos y residentes permanentes. Esto implica que los extranjeros sin residencia permanente podrán ser sujetos al cobro de aranceles, si así lo decide cada universidad pública. No obstante, se aclara que estos alumnos podrán acceder a becas, si así lo permiten convenios específicos o estatutos internos.

Este apartado representa un cambio de paradigma en el sistema educativo argentino, que históricamente ha defendido el principio de la gratuidad y el acceso irrestricto a la educación pública.

El decreto mantiene la posibilidad de ingreso y permanencia por motivos de reunificación familiar, aunque establece límites temporales y requisitos documentales más estrictos. Se reconocen derechos básicos como el acceso a la justicia, el trabajo y la seguridad social, pero siempre en relación con la situación migratoria de cada persona.

También se ratifica el derecho a la educación inicial, primaria y secundaria, sin importar el estatus migratorio, prohibiéndose expresamente la discriminación en este nivel educativo.

Una reforma con impacto social y político

El DNU 366/2025 llega en un contexto de ajuste económico y replanteo del rol del Estado, en línea con la filosofía de gobierno del presidente Javier Milei. La decisión de modificar por decreto una ley tan sensible como la migratoria —sin pasar por el Congreso— ya generó críticas de sectores de la oposición, juristas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Los detractores alertan que se trata de una reforma regresiva que limita derechos y refuerza la lógica del “mérito migratorio” en detrimento del enfoque de derechos. A su vez, ponen en duda la constitucionalidad de ciertas disposiciones, en particular aquellas que podrían interpretarse como formas de discriminación económica.

Desde el oficialismo, en cambio, justifican los cambios como una medida de orden y racionalidad, orientada a evitar el “uso abusivo” de los servicios públicos por parte de personas sin arraigo ni contribución fiscal.

Un debate que recién comienza

Esta reforma abre un debate crucial sobre el modelo de integración que Argentina desea sostener. ¿Debe priorizar la universalidad de derechos o condicionar su ejercicio al estatus migratorio? ¿Es legítimo exigir pago por servicios esenciales a quienes aún no han obtenido residencia permanente?

Las respuestas a estas preguntas no solo definirán el destino de miles de personas migrantes, sino también el tipo de sociedad que el país quiere construir en el futuro. La puja entre seguridad, soberanía y derechos humanos vuelve a estar en el centro de la escena.