El Gobierno elimina aranceles a los celulares
En una jugada que apunta a reducir el costo de los productos tecnológicos en el país, el Gobierno nacional anunció la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares.
La medida, que se implementará en dos etapas hasta alcanzar un arancel del 0% en enero de 2026, también contempla la reducción de los impuestos internos sobre otros productos electrónicos como televisores y aires acondicionados. El anuncio reaviva el debate entre apertura comercial, competitividad de precios y defensa de la industria nacional.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la decisión desde Casa Rosada, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Según Adorni, la medida busca corregir una “situación ridícula” en la que un celular con tecnología 5G cuesta el doble en Argentina que en países como Brasil o Estados Unidos. “La plata que se roba el Estado mediante impuestos debe volver al bolsillo de los argentinos”, afirmó, en línea con el discurso oficial de desregulación y baja de la presión impositiva.
¿Qué implica la medida?
El nuevo esquema implica una baja inicial del arancel del 16% al 8%, y su eliminación completa a partir del 15 de enero de 2026. En paralelo, los impuestos internos sobre los celulares, televisores y aires acondicionados importados bajarán del 19% al 9,5%, mientras que los mismos productos fabricados en Tierra del Fuego verán reducido su tributo del 9,5% al 0%.
El Gobierno sostiene que esto permitirá una baja estimada del 30% en los precios de los productos electrónicos importados, fomentará la competencia y reducirá fenómenos como el contrabando o el robo de celulares, al bajar su valor de reventa.
Efectos esperados: ¿beneficio para el consumidor o retroceso industrial?
Desde la óptica oficial, la quita de aranceles representa un alivio directo para el consumidor. Sin embargo, los especialistas y actores del sector productivo alertan sobre las consecuencias que esta apertura total puede tener sobre la industria tecnológica nacional, especialmente la radicada en Tierra del Fuego, que depende en gran parte del esquema de protección arancelaria para subsistir frente a la competencia internacional.
Tierra del Fuego ha sido históricamente un polo de ensamblado de productos electrónicos, con beneficios fiscales y aduaneros establecidos para fomentar el desarrollo de la región y generar empleo. La nueva medida, aunque baja también los impuestos internos para los productos fueguinos, podría dejar a las fábricas en una posición desventajosa frente a los productos importados que ingresarán sin aranceles y con menores costos de producción.
Los gremios y cámaras empresariales ya manifestaron su preocupación por el posible impacto en el empleo industrial. La historia reciente muestra que la apertura comercial sin planificación suele derivar en desindustrialización y pérdida de capacidades productivas, algo que sectores sindicales temen que vuelva a repetirse.
¿Reforma estructural o medida de corto plazo?
Más allá de la intención de combatir los altos precios y el mercado informal, la medida encaja en una lógica de liberalización comercial más amplia que el Gobierno viene desplegando desde su asunción. El desafío, sin embargo, es cómo equilibrar esa apertura con el sostenimiento del empleo, la producción local y la soberanía tecnológica.
En este contexto, la quita de aranceles a los celulares puede interpretarse como un gesto simbólico y político, más que como una política estructural articulada. La caída de precios dependerá de cómo los importadores y grandes cadenas trasladen (o no) esos beneficios al consumidor final. Además, no hay garantías de que los sectores más vulnerables accedan a esa tecnología a corto plazo.
