El Gobierno acelera la venta de empresas públicas mientras la inversión extranjera no llegar
Con un relato centrado en la eficiencia y la inversión, el Gobierno avanza sobre sectores esenciales sin garantías de transparencia, protección laboral ni soberanía económica. Las privatizaciones pueden ser un mecanismo válido de reforma, pero cuando se convierten en un fin en sí mismo, sin planificación ni consenso, el riesgo no es solo económico, sino social y político.
El Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, ha puesto en marcha un paquete de privatizaciones que alcanza a ocho empresas públicas estratégicas. Energía, transporte ferroviario, infraestructura vial y servicios básicos como el agua forman parte de una reorganización sin precedentes desde los años ’90.
El argumento oficial: «atraer inversiones, mejorar la eficiencia y no afectar a los trabajadores». Pero la evidencia disponible hasta ahora dice otra cosa.
La llamada “segunda fase del ajuste” responde en parte al compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional, que exige una reforma estructural del Estado como condición para continuar con los desembolsos.
En este marco, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encabezada por Diego Chaher, se convirtió en la punta de lanza de un proceso que, aunque legalmente avalado por la Ley Bases, genera resistencia social y dudas sobre su efectividad económica.
Privatizar para convencer
La hoja de ruta del Gobierno es clara: acelerar las privatizaciones antes de fin de año, justo cuando debe presentar ante el FMI un balance del rediseño del aparato estatal. Aun así, los pasos están lejos de ser homogéneos. Mientras algunas empresas como Enarsa y Corredores Viales ya tienen decretos firmados para su venta o concesión, otras aún están en la etapa de estudio.
El caso de Enarsa es paradigmático: la empresa será fragmentada en 15 unidades, lo que anticipa una venta desarticulada que podría afectar la planificación energética nacional. Lo mismo ocurre con Trenes Argentinos (SOFSE), donde se habla de licitar los servicios manteniendo «cierto control estatal», una ambigüedad que siembra interrogantes sobre la continuidad del servicio y el mantenimiento de tarifas sociales.
Promesas laborales bajo la lupa
Desde el Ejecutivo insisten en que “no habrá despidos” y que los trabajadores serán reubicados o absorbidos por los nuevos operadores. Sin embargo, la experiencia reciente con otras concesiones ferroviarias y viales contradice esta narrativa: en la práctica, los traspasos suelen implicar retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y precarización laboral.
Además, el impacto en el empleo indirecto —proveedores, contratistas y pymes locales— aún no ha sido evaluado con seriedad. En provincias como Santa Cruz, donde Yacimientos Carboníferos Río Turbio es una fuente clave de trabajo y desarrollo regional, el temor al vaciamiento es palpable.
Inversión extranjera: el gran ausente
Uno de los ejes del discurso oficial es que el capital privado nacional e internacional “está esperando estas reformas”. No obstante, los datos del Banco Central muestran otra realidad: entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, la Argentina registró una salida neta de inversión extranjera directa por USD 2.200 millones.
El motivo principal, según analistas, es la persistencia de controles cambiarios, la desconfianza política y un escenario aún inestable. Prometer la entrada de dólares a través de privatizaciones sin resolver los desequilibrios macroeconómicos parece, por ahora, más un acto de fe que una estrategia fundada.
Un déjà vu peligroso
El presidente Milei ha declarado que “todo lo que pueda estar en manos privadas, se venderá”, una lógica que remite directamente al proceso de privatizaciones de los años 90. Aquella experiencia, en muchos casos, derivó en monopolios privados, aumentos tarifarios y deterioro del servicio.
Hoy, el contexto es distinto —menos recursos naturales, mayor pobreza estructural y un mercado interno debilitado—, lo que vuelve más incierto el éxito de una estrategia de privatización masiva.
